El Concejo Municipal repudió las declaraciones del titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) de Rosario, Manuel Cornejo, quien había señalado que el cuerpo de la mujer "no está preparado para manejar un colectivo". Además el cuerpo legislativo adoptó medidas para garantizar la incorporación de colectiveras al Trasporte Urbano de Pasajeros (TUP).
"Las declaraciones de Cornejo son retrógradas y en contra de la igualdad, y de los derechos adquiridos de las trabajadoras del transporte", señala la declaración aprobada por el Concejo. "Manifestaciones de esa naturaleza, provenientes de quienes deberían representar los intereses de las trabajadoras, no sólo perjudican su reclamo laboral sino que abonan a los prejuicios y estereotipos de género que conducen a reproducir las relaciones desiguales e injustas en perjuicio de las mujeres", agrega el escrito.
En este sentido, los ediles expresaron su "solidaridad y acompañamiento a las conductoras que se encuentran reclamando en sede judicial por sus derechos, así como a todas aquellas que luchan en distintos ámbitos por una ciudad más justa, libre e igualitaria y aboga por el cumplimiento de la Ordenanza 7.981".
Precisamente se apoyó el recurso de amparo presentado por un grupo de trabajadoras contra la firma Movi Rosario, acusándola por discriminación de género y solicitando que se las mantenga en sus puestos de trabajo que ocuparon temporalmente. A su vez se solicitó el cumplimiento de la Ordenanza 7.981 que establece un cupo femenino para el TUP.
Teniendo en cuenta que el caso tomó trascendencia social, que la empresa demandada por vulnerar derechos se encuentra bajo la órbita estatal y que hace doce años que la norma se incumple, el Concejo "ha decidido unánimemente avanzar en el dictado de normas que acentúen la obligatoriedad de la incorporación en forma paritaria de mujeres al TUP".
También se estipuló establecer sanciones ante el incumplimiento de esta obligación por parte de las empresas. "Asimismo se analiza la incorporación en forma expresa de esta obligación en los pliegos licitatorios futuros y en los que se encuentran en curso", indicaron.
En este sentido, se sugirió la posibilidad de convocar a una audiencia pública para "contribuir a garantizar la interpretación más auténtica posible de la Ordenanza vigente, así como el sentido en el que se pretende avanzar mediante nuevas normas, siempre teniendo en miras garantizar del modo más amplio posible, los derechos constitucionales en juego".
Frente a esto, el Concejo Municipal de Rosario se dirigió al Juzgado Laboral de la 10ª nominación a cargo de María Andrea Deco, y que tiene en sus manos el recurso de amparo antes mencionado, a fin de poner en su conocimiento que el cuerpo legislativo "se encuentra abocado al tratamiento de diversos proyectos vinculados a asegurar el cumplimiento de Ordenanza Nº 7981 del año 2006, sancionada con la finalidad de promover acciones positivas en pos de la inclusión de mujeres en el ámbito del Transporte Público de Pasajeros".