La pena solicitada es la más alta de acuerdo a la calificación legal de estrago culposo agravado seguido de muerte.


Con algo más de media hora de diferencia respecto del horario programado, este miércoles se puso en marcha el juicio oral y público por la explosión en Salta 2141. Si bien la Fiscalía planteó diferencias sobre la conducta de los involucrados, solicitó la pena de 5 años de prisión para nueve de los 11 imputados en la causa.

Tal como estaba previsto, los funcionarios a cargo solicitaron el sobreseimiento de los dos acusados restantes: el gasista José Luis Allala y el inspector de Litoral Gas Gerardo Bolaños. La sanción es la máxima posible para el delito de estrago culposo agravado seguido de muerte, la calificación legal que evalúa el tribunal sobre lo ocurrido el 6 de agosto de 2013.

De acuerdo al planteo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Osvaldo Carlos García y su ayudante Pablo Miño son considerados responsables de provocar la fuga de gas previa al estallido y el derrumbe. Ambos fueron contratados aquella mañana para cambiar el regulador y los fiscales consideran que lo hicieron “sin cerrar la llave de paso” o sin haberl o hecho adecuadamente. Dento de esa hipótesis también afirman que se fueron del edificio cuando no pudieron controlar la situación.

La explosión ocurrió a las 9.38 del 6 de agosto de 2013. (Juan José García)

Siguiendo esa cadena de responsabilidades, los administradores del consorcio del inmueble están bajo sospecha por haber admitido que el gasista hiciera la reparación a sabiendas de que “realizaría las tareas de una forma no permitida“. Esta acusación comprende a Norma Bauer, Carlos Repupilli y Mariela Calvillo y subraya que cuatro días antes hubo una reunión en la que omitieron dar cuenta de esa irregularidad ante los vecinos. Entre las pruebas recabadas también se observa que ignoraron reiterados reclamos de los copropietarios por el mal funcionamiento del servicio.

Por el lado de la proveedora, los reclamistas Guillermo Oller y José Luis Curaba quedaron en la mira después de haber reconectado el suministro la noche del 26 de julio de ese año. En su presentación la fiscal Graciela Argüelles y sus colaboradores afirmaron que ambos omitieron su deber de corroborar los trabajos efectuados por Allala. Si bien debían revisar toda la instalación y pasar por todos los departamentos de las tres torres de diez pisos, aseguran que sólo verificaron que no hubiera pérdidas en el gabinete. A esto agregaron que la reglamentación vigente requería dos reguladores para el inmueble cuando sólo había uno instalado.

En cuanto a la injerencia del personal jerárquico de la concesionaria, tanto la gerenta técnica Viviana Leegstra como el jefe de inspectores Claudio Tonucci son considerados responsables por no haber vigilado las funciones delegadas a sus empleados. Desde el MPA argumentan que no instruyeron adecuadamente al personal en cuanto a las normas de seguridad ni los informes correspondientes. A ambos también les achacan no haber implementado un plan de emergencias para “interrumpir el suministro del servicio de gas en un tiempo razonable”.






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