El juez Electoral de Tierra del Fuego, Isidoro Aramburu, enfrenta un sumario administrativo a raíz de la demora que se produjo en el escrutinio provisorio de las últimas elecciones provinciales realizadas el pasado domingo 16.


En los comicios donde fue electo gobernador el actual intendente de Río Grande, Gustavo Melella, los datos oficiales de las principales ciudades fueguinas comenzaron a conocerse pasada la medianoche, y el recuento se extendió hasta las 4 de la madrugada, a pesar de tratarse del distrito electoral menos numeroso del país con 136 mil votantes.

A raíz de ello, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia dictó la acordada 52/19 que dispone el inicio de un sumario y autoriza a “instrumentar las medidas necesarias a los efectos de precisar las circunstancias que derivaron en la apuntada demora”, señala el documento.

Según argumenta, “tanto la ciudadanía como los partidos políticos necesitan de un escrutinio que se caracterice por “la transparencia del método” y por su “rapidez”.

El tribunal superior autorizó a los sumariantes no solo a requerir informes al juzgado, sino a “recibir testimonios y declaraciones para contribuir al esclarecimiento del asunto”, indica la resolución que también otorga un plazo de diez días para la elaboración de un informe.

Por su parte el juez Aramburu elevó un primer descargo por escrito donde sostiene que las elecciones se realizaron “con total normalidad” y que la carga de los datos del escrutinio para su difusión pública no se encontraba bajo su responsabilidad, sino bajo la órbita de la Dirección de Informática del propio Superior Tribunal.

Según el magistrado, la investigación “omite tener en cuenta aquello que resulta fundamental para el esclarecimiento de los hechos”, como es que “la carga de datos una vez recibidos los telegramas de las autoridades de mesa, su procesamiento y la publicación de los resultados en la página web del Poder Judicial, fueron de exclusivo resorte de la Dirección de Informática”.

En tanto, el director de informática de la justicia, José María Ledesma, explicó a la prensa que la demora obedeció a que “el 70% de los telegramas” tenían errores de confección y debían ser validados por la Junta Electoral antes de ser cargados en el sistema.






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