La provincia de Chaco se adhirió a la Ley Yolanda y de esta manera es la tercera del país en incorporarse a la norma que prevé la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en cuestiones ambientales.

La aprobación de la Ley 3338-R, cuya sanción la realizó la Legislatura provincial el día de ayer, determinó que las capacitaciones serán responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente.

La secretaria de Ambiente, Marta Soneira, celebró la admisión de la ley y detalló que “este marco normativo nos permite avanzar rápidamente en una línea estratégica para la capacitación a funcionarios”.

Soneira también destacó que esta ley “demuestra la prioridad” que se da a la agenda ambiental en Chaco y que “complementa el fuerte trabajo que se está haciendo” para fortalecer las organizaciones socio-ambientales de la provincia y desarrollar una cultura ambiental adecuada al cambio climático que se experimenta hoy día.

La Ley Yolanda tiene por objetivo concientizar sobre el deterioro que causa el actual modelo de desarrollo sobre el ambiente y la biodiversidad, y tiene por método la instrucción en materia de gestión de residuos, cambio climático, eficiencia energética, biodiversidad, derecho ambiental, economía circular e impacto ambiental de las políticas públicas.

Otros desarrollos en materia ambiental

El día de ayer, el gobierno había anunciado la elaboración de un plan para incrementar el número de áreas incorporadas al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas (SPANP). El plan tendrá como fin de gestionar los sitios Ramsar en la provincia, los cuales consisten en humedales de custodia internacional.

También está en proceso la ultimación de detalles para presentar un proyecto de ley que busca declarar al Parque Caguaratá como reserva natural. Ubicado a 10 kilómetros al norte de Resistencia, el parque se encuentra en estado de deterioro: su infraestructura está en malas condiciones y ha sido vandalizada continuamente. En un principio se pensaba urbanizar la zona, e incluso se propuso concentrar los edificios públicos de Resistencia allí, pero debido a falta de consenso y de fondos, ninguno de estos planes se concretó.