La relación entre las provincias de Chaco y Corrientes pasó repentinamente a un punto de extrema gravedad institucional a partir de la decisión del gobernador correntino, Gustavo Valdés, de disponer el aislamiento total de quienes sean ciudadanos correntinos y que, a su vez, trabajan en instituciones de Salud del Chaco. Esto implica un golpe muy fuerte, sobre todo para clínicas y sanatorios privados, que es donde mayoritariamente trabajan estos profesionales quienes se cruzan el rio Paraná cada día, por conseguir mejores salarios.
La decisión de Valdés es que las personas que viven en Corrientes y trabajen en el área de Salud de Chaco deberán cumplir la misma exigencia de quienes regresan de los países con circulación viral como Estados Unidos o Europa, mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus. La restricción incluye que no puedan ir a ningún lugar de Corrientes ni tener contacto con su familia dentro de su hogar.
La situación fue alertada al gobernador chaqueño Jorge Capitanich por dirigentes de la Asociación de Clínicas y Sanatorios y de colegios profesionales como Federación Médica, quienes remarcan el tremendo impacto en la capacidad de atención de muchos servicios sanitarios por esta reducción de personal que consideran “absolutamente irracional”, pues ni siquiera parte de un exámen previo que indique si – efectivamente – algunos de esos profesionales puedan ser portadores del Covid-19. Muchos reclaman que la misma firmeza no está teniendo el Gobierno correntino para con una importante cantidad de habitantes de la ciudad capital que están regresando de vacaciones por países europeos, y que ingresan desde Foz do Iguazú, Brasil., utilizando ese aeropuerto como salida hacia países más lejanos.
La situación es tan compleja que en el equipo de colaboradores del gobernador chaqueño entienden que la única manera de resolver la situación sin llegar a un grave conflicto institucional entre ambas provincias, es con la intervención personal del presidente Alberto Fernández.