Adrian Gerbaudo
Apenas asumida la nueva gestión del Intendente Viotti, las obras de infraestructura del Plan Mi suelo 315 lotes se encontraban prácticamente terminadas, un 98% de avance. Pero el Ejecutivo se encontró con una dificultad, Aguas Santafesinas SA no recibiría la obra si no colocaban los correspondientes medidores y por lo tanto, no proveería el suministro.
Fue en ese entonces, que el Intendente acusó a la gestión anterior de no haber contemplado esta compra y propuso que el Instituto Municipal de la Vivienda, a cargo de la urbanización, se haga cargo de la adquisición. “Enviaron una ordenanza solicitando autorización para donar 17 millones de pesos que costaban los equipos. La misma fue aprobada, se hizo la licitación pero la misma no está adjudicada acorde a lo publicado en el sistema municipal de licitaciones. No sabemos qué pasó, si la plata se transfirió o no, si los compró el Municipio o quién”, declaró Valeria Soltermam.
Al parecer este hecho podría tratarse de una desprolijidad administrativa que el Ejecutivo debería aclarar, admiten desde el bloque no oficialista. Pero advierten que lo grave de la situación es que “posteriormente a la firma del boleto de compraventa, le envían a los adjudicatarios la liquidación para cobrarles el medidor, cuando el artículo 10º expresa claramente que el lote se entrega con la obra realizada y la prestación del servicio a cargo de Aguas Santafesinas S.A.”, se refirió María Paz Caruso.
“Ni los propios concejales que responden al Intendente tienen en clara la información, una vez más le intentan echar la culpa a la gente que no entendió. Nosotros analizamos la documentación y en ningún momento se da detalles del pedido de transferencia de $36.000 aparte de la cuota. Es fundamental que el Intendente piense con el bolsillo de la gente, que entienda que maneja la ciudad, y no es un ente recaudador, donde mes a mes le sobran miles de millones de pesos sin ejecutar, y que incluso ese modo de recaudar está siendo analizado por la justicia”, agregó la edil.
Ahora resta esperar la información oficial del Municipio y el IMV respecto a cómo se realizó la compra de los equipos de medición y bajo qué marco legal se les intenta cobrar el mismo a los adjudicatarios.