La Asociación de Fiscales y Funcionaries del Ministerio Público de la Acusación emitió un comunicado rechazando el sumario administrativo que se le inició en la Legislatura provincial al fiscal Martín Castellano, por entender que es “inconstitucional”.

Recordemos que a partir de la ley N° 13.013, quienes son los encargados de las sanciones a los y las fiscales son los diputados y senadores provinciales. Y, entienden, va en contra de la independencia del MPA.

Recordemos que Castellano que se desempeña en la Fiscalía Regional N° 5 con asiento en Rafaela, fue quien encabezó la investigación sobre juego clandestino en la capital del departamento Castellano y en la región. El exministro de Seguridad, Marcelo Saín, lo había acusado -veladamente- de “pisar” la pesquisa, hasta que se desató la causa en Rosario. Esto llevó a que un grupo de seis senadores lo investigara, basado en dos publicaciones periodísticas, que citaron a una fuente del Ministerio de Seguridad. Entre los senadores estaba el representante de San Lorenzo, Armando Traferri, quienes los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra lo intentaron acusar en el marco de la causa rosarina. Castellano dejó de investigar la causa, luego de acusar (y detener sin plazo) a 5 exJefes de Policías, acusados de brindarle protección a la asociación ilícita que tenía el “rey del juego clandestino”, David Perona.

Castellano, además, llevó adelante otra investigación, sobre una serie de aprietes y amenazas sufridas por un kinesiólogo, como consecuencias de deudas impagas (en principio, vinculadas al juego clandestino, aunque son causas separadas). Allí se detuvo a Agustín Andereggen, el representante del Ministerio de Seguridad en la Región Rafaela, cuando quien estaba a cargo era el hoy diputado provincial Maximiliano Pullaro.

En la actualidad Maximiliano Pullaro, igual que Raúl Gramajo, y Rubén Pirola (senadores denunciantes con Traferri), integran también la bicameral de Acuerdos que admite la denuncia contra el fiscal Castellano y abre la causa o la desestima.

En el comunicado, firmado por Gisela Paolicelli (Presidenta) y Karina Bartocci (Secretaria) toma posición sobre el régimen disciplinario vigente y al “sumario administrativo iniciado con relación al Fiscal de Rafaela, Dr. Martin Castellano, ha sido girado a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, con sustento en el art. 62 bis de la ley N° 13.013″.

Además de evocar fallos que favorecen su postura, destacan: “Este sistema, repetimos, es inconstitucional. Se encuentra en pugna con la división de poderes (art. 1 CN y CP), avasalla la autonomía funcional del MPA garantizada constitucionalmente (art. 8, 9 y cc. de la CADH; art. 18, 26 y cc. DADDH; art. 2, 7, 8, 10 y cc. DUDH; art. 3, 14, 15, 26 y cc. PIDCP, art. 120 CN; art. 83, 88, 91, 92,98 CP), y viola el principio de Juez Natural (art. 18 CN), entre otros graves cuestionamientos”.

“En consecuencia, una vez más, exhortamos a las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a modificar el estatuto vigente, reestableciendo un régimen disciplinario que garantice la independencia de las y los Fiscales, y la autonomía del MPA”, concluyen