Adrian Gerbaudo
El Fiscal Martín Castellano, que investiga una asociación ilícita para ejercer el juego clandestino, entre civiles y policías, aseguró este lunes que profundizará la pesquisa que lleva adelante, para prorrogarle la prisión preventiva de 90 días, determinada por el Juez Javier Bottero, a los 5 efectivos policiales.
Hasta ahora, se llevaron adelante más de 40 allanamientos, dos incursiones a la Jefatura de Policía de Rafaela y está imputadas, hasta ahora, 17 personas, 5 de ellas, 4 expolicías y uno en actividad. Tres de ellos, exJefes de la Unidad Regional. Y uno de ellos, llegó a ser subJefe de Policía a nivel provincial. De los 17 imputados, hay 9 con prisión preventiva y 8 personas con medidas alternativas.
En declaraciones a FM Galena, indicó que "Es una investigación por demás compleja. Con multiplicidades de imputados: civiles y funcionarios públicos. Con evidencias que lleva mucho tiempo de análisis y valoración. Y esto requiere un esfuerzo significativo de los fiscales, en este caso, del mío en particular".
"Lo que nosotros hemos comprobado, en las últimas personas detenidas, (recordemos que es una etapa que lleva muy poco tiempo), que los funcionarios policiales han puesto en aviso, a quienes podríamos denominar 'la rama civil', acerca de nuestras investigaciones", indicó.
"Usted sabrá entender, y no necesario demasiadas conjeturas, esto incidía negativamente en nuestras investigaciones, pesto que ante el conocimiento de que una persona está siendo investigada, esta va a adoptar todos los recaudos necesarios para no dejar rastros o invisibilizar el tema. Esa es una de las cuestiones que se ha acreditado", sentenció.
Si bien prefirió no mencionar algunos puntos, señaló que "Hemos acreditado que, en un tiempo que se ubica entre el 2015 y fines de 2019, un grupo de personas civiles que se dedicaban a la explotación de los juegos de azar, han entregado unas distintas sumas de dinero que se ubican entre los 120.000 pesos mensuales al inicio del período analizado y termina en una suma que había aumentado a $280.000, variando en cada caso, la modalidad y la frecuencia".
"Lo que nosotros entendemos es que el dinero provenía de la recaudación de las salas de juego ilegalmente establecidas, no solo en Rafaela, sino también en Sunchales y Ramona. Y ese dinero estaba destinado a que los Jefes imputados brindaran cobertura policial, para que el negocio ilegal de juego de azar pudiera realizarse sin mayores contratiempos", agregó.
"En cierto modo, estamos limitados, condicionados por las evidencias. En la medida con que contemos evidencia que nos permitan sustentar los hechos que queremos plantear ante un juez, lo vamos a hacer. Hay muchas cuestiones que tienen que ser analizadas, profundizadas, haremos hincapié en muchas otras. Hay muchos aspectos que vamos a seguir investigando, evaluando y analizando; pero me reservo la naturaleza de estas medidas", adelantó.
Respecto del plazo de 90 días, dijo que durante ese lapso, "voy a intensificar las investigaciones, y voy a tratar de seguir corroborando distintas circunstancias que surgieron de la investigación. En un plazo anterior a los 90 días (primeros días de febrero) tendremos la posibilidad de solicitar una prórroga de este plazo".
Finalmente, destacó el "resplado institucional" recibido tanto por el Fiscal Regional Diego Vigo como el Fiscal General, Jorge Baclini.