Nicolás Pereyra
El Senado de la Nación aprobó la declaración de emergencia para Punta Alta y Bahía Blanca, a raíz de las consecuencias de las inundaciones del pasado 7 de marzo.
Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” De Pedro (UxP) y Maximiliano Abad (UCR) fueron los legisladores que presentaron el proyecto, a través del cual se declara a toda la región como zona de emergencia y en situación de catástrofe por 180 días.
Para esto se crea un fondo especial de 200 mil millones para atender los daños ocurridos durante el temporal y que se destina a subsidios y créditos; tambien se otorgan plazos de gracia para distintas obligaciones civiles y comerciales.
Los beneficios, artículo por artículo
- “Declárase zona de emergencia y en situación de catástrofe, durante el término de 180 días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales.
- Creación de un fondo especial de 200 mil millones de pesos -o la suma necesaria- “para atender los daños ocurridos” durante el temporal,
- Este fondo se destinará a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia pública del Estado nacional, provincial y municipal afectada; para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada (...). Estos tendrán como destinatarios “familias cuya vivienda única y de habitación permanente, haya sido afectada total o parcialmente a causa de las inundaciones”; “pequeñas y medianas empresas afectadas, a los efectos de su reinserción productiva”.
- (...) A quienes hayan perdido totalmente su fuente de ingreso -estando así en situación de emergencia económica-social-, se les otorgará un plazo de gracia de al menos 180 días, en situaciones jurídicas como contratos civiles y comerciales con prestaciones recíprocas; operaciones bancarias y financieras, y ejecuciones hipotecarias, prendarias, judiciales y extrajudiciales.
- Las obras de infraestructura que se realicen, deberán ser realizadas preferentemente con recursos humanos de las zonas afectadas y con los materiales de las mismas.
- El Ejecutivo nacional deberá informar al Congreso Nacional sobre las medidas adoptadas.
- El Banco de la Nación Argentina deberá crear una línea de financiamiento a tasas preferenciales y con un plazo de gracia, destinada para la reconstrucción de viviendas familiares afectadas y asistencia a sectores productivos damnificados.