El ministro Agustín Rossi consideró que las Fuerzas de Seguridad pueden anular cualquier amenaza en los límites del país, pero el titular de Defensa en Diputados, Carlos Fernández, se preguntó cómo anular en la frontera a un grupo criminal como Comando Vermelho.


El eventual riesgo de la instalación del sangriento Comando Vermelho en la frontera de Misiones con Brasil fue planteada como una hipótesis por el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de la Nación, Carlos Fernández, de Cambiemos.

El análisis es parte de la discusión generada por el decreto del presidente Alberto Fernández que anuló por completo la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior. Esto había sido habilitado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

El lunes 29 de junio, en el Boletín Oficial, el decreto 571/2020 del Poder Ejecutivo estableció que las Fuerzas Armadas sólo podrán intervenir “ante una agresión externa”. Esto dividió aguas entre el oficialismo y la oposición.

En cuanto al Comando Vermelho, una reciente acción tipo comando liberó a integrantes del grupo criminal, presos en la vecina cárcel de Encarnación, Paraguay. El ejército paraguayo logró rodearlos y fueron recapturados.

Fernández, en declaraciones a Télam, evaluó que el terrorismo, los cyber ataques y las amenazas del narcotráfico implican “nuevos desafíos” para el instrumento militar.

“No queremos que los militares actúen en la represión del delito o intervengan en cuestiones internas”, señaló en declaraciones a Télam el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

¿Qué pasaría si una organización como el ‘Comando Vermehlo’ de Brasil se instala en la frontera con Misiones? ¿Lo vamos a repeler con la policía de esa provincia?”, se preguntó el legislador bonaerense. Rossi respondió que Argentina tiene agencias de seguridad como Gendarmería y Prefectura que están capacitadas para combatir el delito en las zonas de frontera.

Por su parte, Fernández también dijo a la agencia estatal argentina que existe otro contexto en materia de seguridad, diferente al que propició violaciones a los derechos humanos. 

La norma derogó el DNU 683, firmado por Macri en julio de 2018, que permitía la incorporación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, y que las facultaba a dar “apoyo logístico en las fronteras para combatir el narcotráfico y el terrorismo”.

De esta forma, el Gobierno vuelve al criterio fijado en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando se reglamentó la Ley 23.554 de Defensa Nacional, convalida las directivas sobre el tema que se establecieron en 2009 y 2014.

Los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) que integran la comisión de Defensa, criticaron el martes la firma de este decreto, al considerar en un comunicado que se trata de una postura que “atrasa 40 años”.

“Esto nos lleva en el marco normativo 14 años hacia atrás, agravando lo que ya de por sí era una interpretación errónea que avanzaba por sobre la Ley 23.554, autolimitando el empleo legítimo del derecho de todo Estado a la Defensa“, sostuvieron los legisladores opositores en una nota que lleva la firma del diputado radical Carlos Fernández, titular de la comisión de Defensa.




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