Carolina Ramos
Manuel Adorni tiene las horas contadas. Tras una jornada donde cobró fuerza la versión de su salida del Gobierno, Patricia Bullrich no pudo frenar el tema y acordó con aliados y opositores votar el jueves 25 la interpelación al jefe de Gabinete con posible moción de censura. Si sale aprobada, el funcionario deberá asistir el 2 de julio para responder el interrogatorio y ese mismo día los senadores podrían votar su remoción del cargo.
Máxima presión contra Adorni: la oposición, Macri y Villarruel acorralan al jefe de Gabinete
La hoja de ruta se acordó cerca de las 19.30, en una reunión de Labor Parlamentaria en las oficinas de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Allí, el formoseño José Mayans, líder de la bancada peronista, accedió a postergar una semana la sesión que pretendía llevar adelante este jueves con el fin de avanzar contra Adorni.
Antes de la venia de Mayans, Bullrich ya había convencido a sus pares Martín Goerling (PRO), Eduardo Vischi (UCR) y provinciales de Salta, Tucumán, Corrientes y Santa Cruz de que no se sumaran a la convocatoria opositora y le dieran más tiempo al Gobierno. Ese acuerdo se selló en otra reunión reservada las oficinas del bloque radical, en el segundo piso del Palacio.
Todo indica que el 25, cuando se abra el recinto, estarán los 37 votos necesarios para aprobar el proyecto de Mayans que busca citar a Adorni a una interpelación y eventualmente desplazarlo del cargo. Aunque no cuenta con dictamen de comisiones, tanto Mayans como Bullrich coincidieron en que no necesita dos tercios para ser tratado porque se trata de un “artículo operativo” de la Constitución Nacional.
Si se aprueba el proyecto, Adorni será citado para dentro de siete días, es decir, el 2 de julio. Esa fecha coincide con la que el jefe de Gabinete había fijado para brindar su informe de gestión. Es decir que, en la misma jornada, se darían las dos instancias: primero la interpelación y luego el informe. No obstante, puede darse que el funcionario no llegue a cumplimentar lo segundo si antes se aprueba la moción de censura.
Para aplicar esa sanción, inédita en democracia, se necesita mayoría absoluta: 37 votos. El número cada vez se consolida más, si se tiene en cuenta que el peronismo parte de 25 senadores propios y que la creencia predominante en los bloques dialoguistas es que la situación de Adorni es insostenible. El PRO aportaría dos de sus tres votos (una integrante está de licencia por embarazo) y la UCR, a la mayoría de sus 10 miembros. La cordobesa Alejandra Vigo también se sumará a la ofensiva, al igual que otros senadores de fuerzas provinciales.
El camino lo marcó el PRO, la fuerza más apegada a La Libertad Avanza. En las últimas horas, el macrismo amenazó con acompañar la moción de censura (aún cuando la impulsa el kirchnerismo) si la Casa Rosada no echa a Adorni o si el propio funcionario no da un paso al costado.
“Si llega esa instancia, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción. Si el presidente quiere evitar eso, lo tiene que correr”, amenazó este miércoles el senador Goerling, quien responde al expresidente Mauricio Macri, en declaraciones a Infobae en Vivo. El PRO preferiría que el Congreso no tenga que intervenir en la decisión.
Lo cierto es que, cuando las versiones sobre la salida de Adorni comenzaron a expandirse con fuerza en el Senado, el propio funcionario sospechado de corrupción salió a despejar los rumores a través de un tuit donde hizo un anuncio para graduados en salud. Sin embargo, la ofensiva desde el Congreso no frena.
Antes de la sesión del 25 en el Senado hay otra parada: la del 23 en la Cámara de Diputados. La oposición pidió una sesión para ese día con el mismo objetivo: avanzar en la interpelación con moción de censura. No será fácil conseguir los 129 presentes del quórum, ya que los aliados podrán objetar que la definición está en manos del Senado para no comprometerse.
Dictamen con cambios para el “Súper Rigi”
En medio de la crisis política, La Libertad Avanza ganó un respiro en la Cámara de Diputados al dictaminar este miércoles el proyecto de “Súper RIGI”, que emula el Rigi original para atraer inversiones nuevas de más de U$S 1.000 millones en materia de Inteligencia Artificial, procesamiento de datos e infraestructura tecnológica. A cambio, se ofrecen amplios beneficios fiscales a las empresas que se radiquen en el país.
La propuesta del Poder Ejecutivo obtuvo luz verde con apoyo de aliados del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales en las comisiones de Presupuesto, Industria, y Ciencia y Tecnología. Reunieron 61 firmas sobre 106 presentes. Unión por la Patria, el economista Martín Lousteau (Provincias Unidas) y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa.
Los cordobeses de Martín Llaryora no acompañaron. “Nos abstenemos porque no queremos hacer otro régimen especial si no resolvemos los temas de las pymes y micro empresas. Hoy el sector productivo necesita atención y no generar una nueva distorsión”, argumentó a VÍA PAÍS la diputada Alejandra Torres, integrante del plenario.
El oficialismo tuvo que aceptar modificaciones pedidas por los aliados, como incorporar un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo del 20% del monto total invertido, “siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
Aliados y opositores piden la renuncia de Manuel Adorni
Otro cambio es que a la hora de cumplir con el monto mínimo de inversión (U$S 1.000 millones), las inversiones realizadas en Investigación y Desarrollo (I+D) vinculadas al proyecto se computarán por el doble de su valor.
Unión por la Patria se plantó en el rechazo. “El efecto derrame hasta ahora sólo funcionó en la teoría”, fundamentó el jefe de la bancada, Germán Martínez. Otros kirchneristas también advirtieron que no se especifica cuáles son las obligaciones o contraprestaciones que deben cumplir las empresas, y que se les concede un "cheque en blanco" para operar en el país.
El oficialismo tiene intenciones de votar este proyecto en el recinto el próximo miércoles 24 junto con otro que también recibió dictamen favorable para saldar una deuda con dos “holdouts” por U$S 171 millones. Será un día después de la sesión pedida por la oposición para avanzar con la interpelación a Adorni.