Carolina Ramos
Tras quedar en evidencia con severas contradicciones e inconsistencias en su declaración jurada, Manuel Adorni enfrenta una máxima presión en el Congreso. El jefe de Gabinete anunció que concurrirá al Senado en julio para brindar su informe de gestión y descomprimir los ánimos, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel y el expresidente Mauricio Macri apuran la convocatoria. En la Cámara de Diputados, la oposición pidió una sesión para el 23 de junio con el fin de interpelar al funcionario.
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Adorni se presentó en Diputados el 29 de abril, cuando afirmó que “nunca existió ocultación alguna” sobre sus bienes. Sin embargo, en la entrevista que concedió al canal La Nación+ confesó abiertamente que omitió declarar ahorros en negro. Habló de unos U$S 500 mil no declarados ante el fisco, provenientes (según su versión) de ahorros e inversiones en criptomonedas realizadas antes de ingresar al Gobierno.
Esas y otras irregularidades generaron fuertes reacciones en el Congreso. Bajo órdenes de Macri, el jefe del bloque de senadores del PRO, Martín Goerling, reclamó ante Villarruel que Adorni concurra en junio a la Cámara alta a brindar su informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Es que el funcionario debía asistir en mayo, pero se salteó ese mes.
Poco después de darse a conocer el pedido, Adorni confirmó en la red social X que asistirá al Senado, pero recién en julio. El anuncio generó malestar en el PRO y Goerling salió a apurarlo. “Que se concrete (la sesión) lo antes posible es una buena noticia para las instituciones”, enfatizó el misionero.
Villarruel irrumpió en escena y le envió una nota a Adorni para requerirle que se presente en junio, en línea con la postura del macrismo. En paralelo, convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el próximo miércoles con la idea de que los jefes de bloque discutan los pasos a seguir. Patricia Bullrich, quien volvió a desmarcarse de Adorni, formará parte de esa ronda.
“El jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos una vez al mes. Sin embargo, no lo hace desde que asumiera en noviembre del '25. Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores”, aseveró la vicepresidenta.
Sesión en Diputados
En Diputados también hubo movimientos. El kirchnerismo, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, la cordobesa Natalia De la Sota y la exlibertaria Marcela Pagano pidieron una sesión especial para el 23 de junio. El objetivo es el mismo que no pudieron lograr hace un mes: aprobar un emplazamiento a comisiones para tratar una batería de pedidos de interpelación contra Adorni, con la posibilidad de aplicarle una moción de censura.
La novedad fue la aparición, entre los firmantes del documento, del peronista cordobés Carlos Gutiérrez. “Siempre hemos sostenido que en un sistema republicano y democrático es la Justicia la que tiene que dirimir estos problemas. Pero lo de ayer constituye un antes y un después, porque al margen de que la Justicia tiene que entender en el fondo de la cuestión, se vulnera lo declarado por el propio Adorni en sus informes y en su presencia en la Cámara. Esto cambia radicalmente”, argumentó a Vía País.
Aunque fue el único de los llaryoristas en estampar su firma, esa sería la posición mayoritaria del espacio. Los armadores de la sesión cuentan con que, además de Gutiérrez, aportarán al quórum Ignacio García Aresca (portavoz del gobernador), Juan Schiaretti, Carolina Basualdo y Juan Brügge. La incógnita hasta el momento es Alejandra Torres, quien supo tener posiciones diferenciadas en anteriores oportunidades.
La decisión del oficialismo cordobés de acompañar la ofensiva opositora significa un giro de alto impacto: no solo marca un endurecimiento del gobierno provincial frente a la gestión de Javier Milei, sino que además alimenta la posibilidad de que, esta vez, haya quórum. En el último intento, en el mes de mayo, el número no aparecía porque Llaryora y otros gobernadores no daban señales. Pero ahora, Adorni quedó más comprometido.
A los tres pedidos de moción de censura presentados por Unión por la Patria, el socialista Esteban Paulón y el Frente de Izquierda se sumó este jueves un cuarto, del radical bonaerense Pablo Juliano. “Adorni cree que es gratuito ir a la televisión a reconocer que se había comido declarar casi 500 lucas verdes en negro”, advirtió el legislador de Provincias Unidas.
Contra la “impunidad fiscal”
La oposición no solo busca interpelar y eventualmente remover a Adorni: luego de conocerse que el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, se acogieron al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la Ley de Inocencia Fiscal (lo que les permite no tener que justificar cada consumo o movimiento patrimonial), se presentaron dos proyectos de ley al respecto.
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Uno, del diputado socialista Esteban Paulón, busca prohibir el ingreso a este régimen a funcionarios de los tres poderes del Estado y a sus familiares directos, haciendo efectiva la exclusión desde dos años antes de que asuman sus cargos públicos. Busca “evitar que el régimen de Inocencia Fiscal se convierta en un mecanismo de lavado para fondos provenientes de delitos contra la administración pública”.
La otra iniciativa es impulsada por la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio y pretende directamente derogar el “blindaje fiscal”, contenido en el Capítulo III (artículos 38 a 42) de la Ley 27.799. “Este gobierno hace leyes para cubrir sus propios delitos. El Congreso no puede permitir que el Gobierno robe a cara descubierta con la ley que mandó a votar como si fuera su traje a su medida”, advirtió.
Además del matrimonio Adorni, también se supo que adhirieron al RGS el actual titular de Arca y su antecesor, Andrés Vázquez y Juan Pazo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el cineasta de Milei, Santiago Oría; el senador libertario y economista Agustín Monteverde; y el exdiputado José Luis Espert, entre otros.