Mientras se vacía la Plaza del Congreso tras la represión policial sobre las manifestaciones, el Senado avanza en el debate de la “ley Bases” y el resultado se proyecta en un empate en 36, con la definición en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel o, en su ausencia, del presidente provisional, Bartolomé Abdala.
A último momento y para evitar ser derrotado en varios capítulos, el Gobierno concedió nuevos cambios que fueron anunciados por Abdala al inicio de la sesión, lo que descomprimió en parte la tensión política. De ser aprobado, el proyecto volverá a la Cámara de Diputados con el compromiso de que las modificaciones acordadas con la Casa Rosada serán ratificadas.
El proyecto recibiría en general 36 votos a favor (7 de La Libertad Avanza, 7 del PRO, 12 de la UCR y 10 de distintos bloques provinciales) y 36 en contra (33 de Unión por la Patria, el radical Martín Lousteau y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano). Así, Villarruel o Abdala terminarían desempatando.
Paradojas de la política, Lousteau (opositor a Milei y autor de un ambicioso dictamen de minoría) se transformó en la llave para la aprobación del proyecto: con su presencia aseguró el quórum de 37 para abrir la sesión y, al tomar la palabra, anunció que votará en contra, con lo cual garantizó estar sentado en su banca al momento de la votación.
Si, por el contrario, el titular de la UCR decidía retirarse del recinto o abstenerse (lo cual se computa como ausencia), la sesión podía caer con la ausencia de los 33 integrantes de Unión por la Patria y los santacruceños Carambia y Gadano, quienes a última hora del martes habían llamado a no dar quórum, poniendo en riesgo la sesión.
“Este gobierno solo envió dos megaleyes. Cuando le dije a un funcionario del Gobierno que era muy difícil de tratarlo así, me dijo que estaba hecho a propósito”, confesó Lousteau. Advirtió que el proyecto oficialista tiene “más vicios que virtudes” y sintetizó su posición: “Ni máquina de impedir, ni seguidismo bobo”.
En la vereda de enfrente, sus correligionarios se aprestan a avalar el proyecto, así como el bloque PRO, al mando del cordobés Luis Juez; tres senadores de Unidad Federal (Carlos “Camau” Espínola, Edgardo Kueider y Alejandra Vigo); tres de Cambio Federal (Juan Carlos Romero, Edith Terenzi y Andrea Cristina); dos del Frente Renovador de la Concordia Misionero (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut); la neuquina Lucila Crexell; y la rionegrina Mónica Silva.
El Gobierno debió ceder
Al inicio del debate, Abdala dio a conocer los cambios concedidos desde la Casa Rosada sobre la recta final, que fueron negociados durante el martes con la oposición dialoguista. Los legisladores de Unión por la Patria se anoticiaron de las modificaciones en ese momento; algunos, incluso, pronunciaron discursos en base al texto viejo.
Una de las noticias principales fue la eliminación de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina) del listado de empresas a privatizar. El oficialismo no tenía garantizados los votos para avanzar y había una fuerte presión social de trabajadores de esas compañías, que este martes entregaron a los senadores más de 100.000 firmas como parte de una fuerte campaña contra las privatizaciones.
Además, ante la resistencia de las senadoras Vigo y Silva, el Gobierno aceptó suprimir el capítulo que eliminaba la moratoria previsional. De prosperar la iniciativa oficialista, quienes no tuvieran los años de aportes necesarios solo podían acceder a la PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor) a los 65 años, más un adicional proporcional a los aportes efectivizados. De esa manera, las mujeres de 60 años sin aportes debían esperar cinco años para cobrar el beneficio.
Otra modificación relevante, sobre todo para las provincias, es que se garantiza la continuidad de las obras públicas en un 80% de grado de avance o que tengan financiamiento internacional. Ese agregado era una propuesta de Lousteau, aunque pedía un piso del 75%.
Por otra parte, se incorporaron los organismos de la cultura al amplio listado de instituciones que no podrán ser disueltas por Milei en uso de sus facultades delegadas, y se agregó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como organismo que no podrá ser intervenido.
Fuentes de Jefatura de Gabinete aseguraron a este medio que “los cambios que hayan sido consensuados con el Gobierno se van a respetar en Diputados”, pero aquellas modificaciones que logre introducir la oposición quedarán fuera de sus manos. Los puntos más conflictivos en ese sentido son las facultades delegadas a Milei y la restitución del impuesto a las Ganancias (rechazada por el ala de senadores patagónicos).
El RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) también era otro de los asuntos complicados. Ya en la noche se anunció que el RIGI se acotó a los sectores agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología; y se estableció un compromiso de contratar proveedores locales equivalente, como mínimo, al 20% de la totalidad del monto de la inversión.
Hay tres radicales que rechazan delegar facultades a Milei: Lousteau, el bonaerense Maximiliano Abad y el fueguino Pablo Blanco. Por eso ese artículo (el primero del dictamen) tambalea a la hora de la votación, aunque si cae Diputados podría insistir en la versión original. Del mismo modo, la Cámara baja podría ratificar la restitución de Ganancias, que traería alivio a las finanzas provinciales porque la recaudación del impuesto se coparticipa.
El debate ingresó en un momento de tensión cuando los senadores kirchneristas Anabel Fernández Sagasti y Eduardo “Wado” De Pedro pidieron ir a un cuarto intermedio para que un grupo de senadores saliera del Congreso a monitorear y frenar la represión policial sobre los manifestantes. La moción se votó a mano alzada y no prosperó, pero en las bancas oficialistas hubo nervios por la posibilidad de que cayera la sesión.
Al abrir el debate, Abdala cargó contra la oposición. “Sabíamos que iban a tratar de poner palos en la rueda, que presentarían maniobras para dilatar el tratamiento de esta ley. Pero somos miles y millones los argentinos que estamos dispuestos a atravesar todas las vicisitudes y sobrellevar obstáculos con la confianza en nuestro Gobierno. No estamos solos, nos apoyan millones de argentinos que están esperando que la ley salga adelante”, afirmó.
Desde Unión por la Patria, una de las intervenciones más explosivas fue la de la senadora fueguina Cristina López, quien calificó al presidente como un “enfermo mental” y le pidió que deje de tratar a los argentinos “como mierdas”.
