Carolina Ramos
Cuando el Congreso aún intentaba digerir el “megadecreto” que desreguló por completo la economía sin debate parlamentario, el gobierno de Javier Milei superó sus propios límites y envió una “ley ómnibus” de 664 artículos que puso los pelos de punta en el peronismo y colocó al resto de la oposición ante un complejo dilema.
El Gobierno escenificó el envío de la ley (titulada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”) con una visita fugaz del ministro del Interior, Guillermo Francos, a la Cámara de Diputados, donde le entregó en mano a su presidente, Martín Menem, el texto de 351 páginas que será discutido durante enero en sesiones extraordinarias.
“Argentina no tiene plata ni tiempo. Estamos en una situación económica comprometida. Haremos lo posible para sacar la ley lo más rápido posible”, afirmó Menem a la prensa acreditada tras recibir a Francos, quien antes había estado en el Senado con la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloque de la oposición no kirchnerista.
Horas después, el tercer piso de Diputados fue escenario de una concurrida reunión de diputados y senadores de Unión por la Patria con gobernadores del PJ. Asistieron Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa), además del vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) por videoconferencia.
La reunión ya estaba programada de antemano con el objetivo de insistir en las críticas al DNU, pero tomó otro cariz con el envío de la ley que declara la emergencia en 11 materias, delega amplias facultades en el Poder Ejecutivo y modifica y deroga un enorme volumen de legislación procesal y de fondo.
“La ley ómnibus ratifica la pretensión del presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales”, denunciaron los legisladores y mandatarios provinciales en un comunicado. “Lo que quieren es cerrar el Parlamento”, sintetizó una de las figuras presentes.
Por su parte, los diputados del PRO se enteraron del “megaproyecto” mientras mantenían una reunión por Zoom. Allí acordaron, como primera medida, dividirse el estudio de las temáticas y analizar la letra chica durante el fin de semana para poder dar el debate a partir de la semana que viene.
“A diferencia del DNU, que es algo que viene cerrado, en este caso podemos hacer mejoras, proponer cambios o modificaciones”, destacaron en el bloque que preside Cristian Ritondo, donde ratificaron que tendrán un “acompañamiento responsable” a las medidas de Milei en el inicio de su gobierno.
“Con esa misma idea vamos a analizar el proyecto de ley, y actuaremos en consecuencia para sostener la gobernabilidad que necesita en el Parlamento”, aseguraron en el PRO.
En la UCR hubo cautela, pero las primeras expresiones apuntaron a rechazar la amplia delegación de facultades en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social durante todo el mandato presidencial, ya que durará hasta el año 2025 con posibilidad de prórroga hasta 2027.
“Las facultades delegadas son una mala idea, en todo momento y lugar”, advirtió el diputado y economista Martín Tetaz. En la misma línea, el exdiputado y actual secretario parlamentario del bloque radical, Alejandro Cacace, consideró que esa decisión “equivale directamente a gobernar sin el Congreso”.
Una de las pocas voces de respaldo fue la del diputado Ricardo López Murphy: “Celebro la decisión del presidente de enviar al Congreso el proyecto de ley ómnibus. Es el ámbito donde tenemos que darle fortaleza a muchas de las reformas que está planteando el Gobierno y que necesita la Argentina para salir adelante y generar un cambio verdadero”.
El trámite
En Diputados, por donde comenzará el trámite legislativo, Menem trabaja para terminar de constituir esta semana cuatro comisiones: Presupuesto y Hacienda (la presidirá José Luis Espert), Asuntos Constitucionales (quedaría para el libertario santafesino Nicolás Mayoraz) Relaciones Exteriores (propondrían a Fernando Iglesias) y Legislación General.
Sin embargo, el proyecto ingresado este miércoles toca una amplia variedad de temas que van desde salud, jubilaciones y educación hasta medioambiente, justicia, turismo y reformas electorales, entre tantos otros tópicos. Con un criterio estricto, deberían intervenir prácticamente todas las comisiones de la Cámara. La estrategia de La Libertad Avanza aún no está del todo clara.
La semana próxima se realizarían las primeras reuniones informativas con los ministros de cada área. El oficialismo está confiado en votar la ley durante enero, aunque no descartan que se extiendan las extraordinarias hasta febrero si es necesario.