Felipe Vitola
La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados decidió que se debata en el recinto los tres proyectos presentados para modificar la Ley de Alquileres. Oficialismo y oposición, no se pusieron de acuerdo y deberán definir todo en el debate.
La ley que está vigente, que fue sancionada en 2020, amplió la vigencia de los contratos de 2 a 3 años y fijó que haya actualizaciones cada año regido por el promedio de la inflación y el salario.
Este proyecto llevó a la polémica después de que tanto inmobiliarias como propietarios cuestionaran esta ley, mientras que diferentes asociaciones de inquilinos la defienden.
Qué propone el Frente de Todos para la Ley de Alquileres
Desde el espacio oficialista lograron conseguir que el proyecto mantenga dos puntos clave. Los tres años de duración como los plazos del contrato.
La modificación a la que apuntan los diputados del Frente de Todos es en sumar incentivos fiscales para propietarios con impuestos a los bienes personales, junto a un sistema de fomento a la construcción.
Fuentes del oficialismo advirtieron que los legisladores decidieron “darle más tiempo a la ley” y encarar las reformas con la mirada puesta en los incentivos ya que el principal problema es la falta de oferta.
Las modificaciones que plantea Juntos por el Cambio en la Ley de Alquileres
La oposición, por su lado, propuso que se vuelva a los plazos anteriores y que haya un esquema de actualización semestral, que pueden o no ser en base a un índice estadístico, de acuerdo a lo que pacten las partes.
“Para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo utilizar índices oficiales elaborados o publicados por organismos nacionales, provinciales o municipales o lo que las partes acuerden”, indica el texto.
El planteo del Interbloque Federal para la Ley de Alquileres
Otro sector de la oposición, vinculado con diputados del bloque Juntos por Río Negro, también apunta a la baja de tres a dos años en los contratos. Además, apuntan a incluir beneficios fiscales.