Carolina Ramos
Oficialismo y oposición no lograron ponerse de acuerdo en torno a la nueva ley de alquileres: el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y la diputada Graciela Camaño (Interbloque Federal) firmaron dictámenes por separado y el resultado se definirá en el recinto, aunque todavía no hay fecha de votación.
El debate concluyó este martes en la Comisión de Legislación General, que escuchó a más de 160 expositores en representación de inmobiliarias, propietarios e inquilinos. El oficialismo hizo esfuerzos para unificar una postura y logró mayoría de firmas, pero a la hora de los votos no tiene el triunfo asegurado.
El dictamen del Frente de Todos mantiene el corazón de la ley, es decir, el plazo de tres años para los contratos y la actualización anual en base a un índice que combina inflación y salarios. Pero esta propuesta corre riesgo de fracasar porque tanto Juntos por el Cambio como Camaño proponen modificar esos artículos.
Los diputados opositores plantean volver a los contratos de dos años, como establecía anteriormente el Código Civil y Comercial. En el dictamen de Juntos por el Cambio se agrega que si el inquilino sigue habitando el inmueble “sin oposición” del propietario al momento de vencerse el contrato, “se entiende extendido por un año”.
De acuerdo con esta propuesta, las partes podrán acordar el parámetro de actualización que mejor les convenga. Se podrán utilizar índices oficiales elaborados por organismos nacionales, provinciales o municipales, “o lo que las partes acuerden”. La periodicidad también será consensuada entre propietarios e inquilinos, por intervalos no menores a seis meses.
Por el contrario, el oficialismo busca mantener el plazo y la indexación anual. El bloque atravesó un fuerte debate interno antes de arribar a esa postura, que fue la que llevó a la comisión la agrupación Inquilinos Agrupados, alineada al dirigente social Juan Grabois.
Complementariamente, el dictamen oficialista incorpora tres incentivos para aumentar la oferta de viviendas en alquiler. El primero de ellos es que si un monotributista con tres inmuebles (que es el tope) adquiere un cuarto y lo vuelca al mercado, ese cuarto inmueble no le significará pasar al régimen general.
El segundo beneficio consiste en incluir a las viviendas alquiladas en el régimen de incentivo a la construcción privada; y en tercer lugar, se agregan exenciones en el impuesto a los Bienes Personales. Además, los inquilinos podrán trasladar sus reclamos a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.
“Para los inquilinos, los tres años (de plazo) fueron una conquista porque generan mayor previsibilidad, así como la anualidad en la actualización”, explicó el oficialista Lucas Godoy, vicepresidente segundo de la comisión, al argumentar por qué decidieron mantener ambos artículos.
Desde el PRO, Pablo Tonelli opinó que “tres años con actualización anual y un solo índice preestablecido resultaron una decisión no del todo acertada, porque hizo que se retrajera la oferta de viviendas en alquiler”. Y agregó que “el problema más grande” en ese sentido “es el rendimiento económico de la inversión”.
La radical Karina Banfi, secretaria de la comisión, consideró que la ley “tuvo un objetivo bien intencionado, pero al momento de su implementación no alcanzó ese objetivo porque quedó fuera de la realidad”. Además, aseguró que existe una “demanda social” de modificar los dos artículos polémicos.
En el mismo sentido, el economista Martín Tetaz, autor de uno de los numerosos proyectos presentados, señaló que “toda la gente que quería contratos más cortos se retiró del mercado” porque “en Argentina hay incertidumbre y la tendencia es ir hacia contratos más cortos”.
Por su parte, Camaño firmó un dictamen propio, similar al de Juntos por el Cambio: propone contratos de dos años y que las partes “negocien libremente incrementos escalonados”. La diputada del Interbloque Federal elaboró la propuesta junto a Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro, otro bloque clave a la hora de la votación.
En el debate generó ruido la intervención de la oficialista Gisela Marziotta, quien no ocultó su malestar por la ausencia de funcionarios nacionales en la comisión y consideró que el problema no es la ley, sino su falta de aplicación.
“La ley es muy buena, y lo digo y me hago cargo siendo parte del oficialismo: el problema es que la ley no se cumple. Tiene artículos extraordinariamente buenos para los inquilinos, que todavía no fueron reglamentados”, alertó Marziotta, que proponía que el precio de los alquileres fuera determinado por una cámara nacional.