El presidente de la Cámara de Diputados Angel Giano, los diputados Juan Pablo Cosso, presidente de la Comisión de Asuntos Constiticionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento; José Cáceres, Silvia Moreno y Lucía Varisco, mantuvieron una reunión con integrantes de la Comisión de Legislación General del Senado y los vocales de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Miguel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia.

El encuentro fue convocado por la titular de la Comisión, la senadora Cladia Gieco, y en el mismo analizaron el proyecto elaborado por STJ en el cual se modificarían los artículos 405, 405 bis y 479 del Código Procesal Penal.

Esta iniciativa busca resolver una situación que se modificó cuando se sancionó la Ley 10.746 de Juicio por Jurados, en cuya redacción participaron los tres poderes del Estado, al incorporar el procedimiento de remisión a juicio de las causas que deberían ser resueltas en esa modalidad. Según manifestaron los miembros de la Sala Penal, esa norma suprimió el procedimiento para las demás causas penales, la cual que debe ser corregida a fin de evitar pronunciamientos interpretativos y eventuales nulidades y atrasos no buscados en los procesos.

Del mismo modo, la propuesta del STJ busca establecer un plazo razonable dentro del trámite del proceso para los planteos de juicios abreviados, debido a que en la práctica muchas veces perjudican la diagramación de las audiencias.

En la reunión realizada de manera virtual, Giano manifestó su acuerdo con subsanar el vacío legal y destacó: “El juicio abreviado, que nació inicialmente para descomprimir la cantidad de casos al comenzar con el proceso penal acusatorio del cual Entre Ríos fue pionera, se ha ordinarizado porque la mayoría de las causas terminan por ese instituto. Comparto la idea de ponerle un límite a la etapa procesal en la cual se puedan plantear y entiendo que el procedimiento del juicio por jurado no sería afectado, sino que se está modificando el procedimiento para el resto de los procesos penales”.

El proyecto contempla que, desde la intimación de los hechos y hasta la fijación de la audiencia de juicio, el imputado podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado.