El juicio contra el expolicía de Entre Ríos, Atilio Céparo, acusado de privar ilegalmente de la libertad y aplicar tormentos a tres mujeres de Río Negro víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar, comenzará el próximo jueves 17 en Paraná.
María Cristina Lucca, Marta Brasseur y Graciela López, tres jóvenes docentes, fueron detenidas ilegalmente el 11 de noviembre de 1976 en la ciudad de Cipoletti, Río Negro, y trasladadas a Paraná.
Allí, donde llegaron con los ojos vendados e inmovilizadas, fueron torturadas en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como "La Escuelita" y mantenidas ilegalmente detenidas en la Unidad Penal N°1, de varones, y luego en la Unidad n°6, de mujeres.
Céparo junto a otros represores las sometieron a un "Consejo de Guerra", que las obligó a firmar una declaración autoincriminatoria sobre la muerte del general Jorge Cáceres Monié, y meses después las condenaron en una especie de juicio de militares.
"Nos hicieron firmar algo que no pudimos leer y no podíamos rehusarnos", dijo Lucca ante el juez federal de Paraná, Leandro Ríos. El juicio iniciará a partir de las 9:30 horas y tendrá imputación a Céparo para luego oír el testimonio de las víctimas.
El proceso se tramitará en el Tribunal Oral Federal de Paraná, ubicado en Urquiza 872 de la capital, donde la Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos convocó a "acompañar a las víctimas y familiares".
Céparo, oriundo de la localidad entrerriana de La Paz, fue condenado en 2016 a 11 años de prisión, cuando fue encontrado culpable de privación ilegítima y tortura de una enfermera en 1976, en abuso de sus funciones y sin cumplir la ley, agravada por el uso de violencia. Ese castigo constituyó la primera condena a un ex policía provincial.
Céparo, al momento de ser detenido, a fines de 2014, se desempeñaba como chofer de su familiar directo, Emilio Castrillón, vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ) en ese entonces, y ahora presidente de la Justicia entrerriana.