En septiembre se decidirá el veredicto de la condena del ex cura Escobar Gaviria

La sentencia se conocerá el 4 de septiembre de 2019.

Juan Diego Escobar Gaviria
Juan Diego Escobar Gaviria

La Cámara de Casación Penal de Paraná dará a conocer el 4 de septiembre próximo su veredicto en la apelación de la condena al ex cura Juan Diego Escobar Gaviria de 25 años de prisión por abuso y corrupción de cuatro niños de entre 11 y 12 años. 

El fiscal de la causa, Jorge Gamal Taleb, pidió a los jueces Marcela Davite, Hugo Perotti y Marcela Badano que la sentencia quede firme, mientras que los abogados defensores María Alejandra Pérez y Milton Urrutia pidieron la libertad por "su inocencia".

A principios de julio, la misma cámara rechazó que se deje sin efecto la prisión preventiva y la siguiente excarcelación del religioso.

Los magistrados indicaron que "aún existe peligro de fuga, no tiene arraigo, tiene doble nacionalidad y tiene los medios económicos que le permitirían evadir" por lo que Escobar Gaviria continuará detenido en la Unidad Penal de Victoria.

La primera denuncia la realizaron en noviembre de 2016 dos religiosas de la localidad entrerriana de Lucas González, que afirmaron que el ex cura "encerraba a niños de entre 11 y 12 años en dependencias de la iglesia" donde "cometía los abusos".

Tras esto, Escobar se ausentó del lugar y su paradero fue desconocido hasta que días después se entregó a la Justicia y dijo que estaba "en un retiro espiritual en Rosario".

En el juicio que se inició un año más tarde, una de las víctimas declaró que era abusado "al menos dos veces por semana y durante casi dos años en la habitación del sacerdote, en el primer piso" y también cuando "hacían viajes, en el vehículo del sacerdote".

Los jueces María Angélica Pivas, Roberto Javier Cadenas y Darío Ernesto Crespo lo condenaron a 25 años de prisión por cuatro hechos de abuso y corrupción de menores mientras era sacerdote de la parroquia San Lucas Evangelista de Lucas González, en el departamento Nogoyá.

El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, le ordenó en 2016 que dejara su función, abandonara San Lucas y le abrió una investigación diocesana.