Revisarán la apelación a la condena de 25 años de prisión que recibió por abuso y corrupción de menores en Entre Ríos.


La Cámara de Casación Penal de Paraná revisará este viernes la apelación del exsacerdote Juan Diego Escobar Gaviria, condenado a 25 años de prisión por abuso y corrupción de cuatro niños de entre 11 y 12 años, entre 2005 y 2016 en Entre Ríos.

Además, en la audiencia que comenzará a las 10 se determinará si el exsacerdote continúa detenido en la Unidad Penal de Victoria con prisión preventiva por riesgo de fuga, o si espera en libertad que la sentencia quede firme.

Los abogados defensores, Milton Urrutia y María Alejandra Pérez, pidieron que se revise la sentencia y que se deje sin efecto la continuidad de la prisión preventiva.

Según los letrados, Escobar Gaviria “debería recuperar la libertad” ya que está en prisión “por un hecho que no está verificado” y expresaron que “el peligro de fuga había sido descartado por tres jueces”.

Además, afirmaron que el excura “padece problemas de salud” los que se dificultan al permanecer detenido en el penal.

La primera denuncia la realizaron en noviembre de 2016 dos religiosas de la localidad entrerriana de Lucas González, que afirmaron que el excura “encerraba a niños de entre 11 y 12 años en dependencias de la iglesia” donde “cometía los abusos”.

Tras ello, Escobar se ausentó del lugar y su paradero fue desconocido hasta que días después se entregó a la Justicia y dijo que estaba “en un retiro espiritual en Rosario”.

En el juicio que se inició un año más tarde, una de las víctimas declaró que era abusado “al menos dos veces por semana y durante casi dos años en la habitación del sacerdote, en el primer piso” y también cuando “hacían viajes, en el vehículo del sacerdote”.

Otro denunciante afirmó que “hubo un intento de abuso, también en esa habitación, pero pudo empujar al cura, tras lo cual se fue de la Iglesia y nunca más volvió”, señaló la causa.

Los jueces María Angélica Pivas, Roberto Javier Cadenas y Darío Ernesto Crespo lo condenaron a 25 años de prisión por cuatro hechos de abuso y corrupción de menores mientras era sacerdote de la parroquia San Lucas Evangelista de la localidad de Lucas González, del departamento Nogoyá.

El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, le ordenó en 2016 que dejara su función, abandonara San Lucas y le abrió una investigación diocesana.






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