La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, decidió apartarse de la causa que investiga contrataciones irregulares en la Legislatura provincial con un presunto desvío de $1.235 millones de pesos en 10 años, por vínculos con uno de los imputados.
El procurador general del Poder Judicial, Jorge Amílcar García, recibió una misiva de Goyeneche el 29 de abril, ya que su esposo realizó negocios y ella es dueña del 50 % de un inmueble del contador Pedro Opromolla, imputado en la causa.
La evolución de la causa provocó "medidas de contenido patrimonial" y se embargaron bienes de los imputados, "pero un inmueble que fue de titularidad de Opromolla, fue adquirido" por Goyeneche en 2017, indicó en esa carta.
Ello, dijo la fiscal, provocó que se aparte de la causa para "evitar que estas circunstancias secundarias, sean utilizadas por sectores interesados para procurar entorpecer la investigación".
"El vínculo de amistad de mi esposo (no mío), el contrato suscripto para la inversión en un fideicomiso, o la anterior adquisición al mismo de ningún modo afectan mi primordial deber de objetividad", agregó.
El procurador hizo lugar al pedido y señaló que desde esa compra-venta "no existía ninguna relación de tipo comercial" entre la fiscal y el imputado.
Como aparece a nombre de Opromolla, la fiscal debe "oponerse al eventual decomiso, y aún a la mantención del embargo al no ser el encartado ya titular del bien, lo que configura una causal razonable de apartamiento", agregó García.
El contador Opromolla es uno de los más de 20 acusados e imputados acusado de desviar unos $1.235 millones entre 2008 y 2018 de la Legislatura provincial.
La causa investiga la contratación irregular de unas 350 personas que habrían cobrado de la Legislatura entre $35.000 y $50.000 cada una, de lo que solo percibían efectivamente el 5 % mientras el resto iba a una supuesta organización.
En septiembre de 2017, un grupo de personas fue detenido cuando cobraba con múltiples tarjetas de débito abultadas sumas de dinero en un cajero de Paraná.
En los allanamientos hallaron 8 cuadernos con anotaciones de nombres, importes, número de cheques, descuentos, aportes, fechas e identidades de cobradores.
Fueron imputados los senadores nacionales de Entre Ríos Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, pero ambos se desvincularon del hecho y se pusieron a disposición de la Justicia entrerriana.
También se convocó a declarar a 11 diputados provinciales, entre ellos el presidente de la Cámara y ex gobernador Sergio Urribarri y al actual diputado nacional Juan José Bahillo.