Además agregó que "es falso que se le haya abonado dinero a un presunto intermediario político" y que "La concesión fue otorgada dentro del reglamento del Consorcio de Puerto Quequén y en el marco de la ley".
Para la próxima semana el titular del Juzgado Federal N° 1 de Necochea, Bernardo Bibel, espera contar con el resultado de las pericias contables ordenadas sobre los estados financieros y comerciales de 20 imputados, en el marco de la investigación de la conexión Necochea en la Ruta del dinero K.
Según la hipótesis judicial, se habría pagado a fines de 2012 una millonaria coima al operador K Roberto Porcaro por su "intervención, gestiones u oficios" para lograr una concesión directa de obra en Puerto Quequén. El 14 de febrero de 2013, la entidad administradora de Puerto Quequén adjudicó de manera directa a un consorcio de sociedades privadas la construcción de una terminal de granos por valor de 60 millones de dólares, y su explotación como concesionario por el término de 35 años, prorrogables por 10 más.
La Justicia, tras una investigación de 3 años, ha imputado a una veintena de empresarios y operadores, en la sospecha de que tal adjudicación debió realizarse a través de una licitación pública internacional y no por una concesión directa.
La investigación, es un desprendimiento de la causa madre que sustancian el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, que intenta probar que habría existido una vinculación ilícita entre Lázaro Báez, Porcaro, Carlos Mocorrea (operador financiero de Báez a través de la empresa Financial Net SA) y Alejandro Nari, presidente de Sitio 0, la firma empresarial que obtuvo la concesión de la obra, pero que fue creada diez días después de la adjudicación. Financial Net SA sería parte de Helvetic Services Group SA, de Báez, e integró hasta 2014 el consorcio de Sitio 0. Como operadora de bolsa, sería la responsable de convertir a moneda los bonos Bonar VII con los que se habría pagado a Porcaro.
