La Cámara de Diputados mendocina aprobó y transformó en ley la prórroga por un año de la emergencia sanitaria, social, económica, administrativa y financiera con motivo de la pandemia de Covid-19, que fuera establecida el año pasado por la Ley Nº 9.220.
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La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, ya había sido aprobada por Senadores. En esta oportunidad fue respaldada por el oficialismo, no así por la oposición. La votación final resultó con 25 afirmativas, cuatro negativas, 17 abstenciones (del bloque Frente de Todos) y dos ausencias.
Durante el debate el peronismo, tal como ocurrió en Senadores, lamentó que durante los doce meses previos no acudiera la ministra de Salud, Ana María Nadal, al Parlamento a resolver las dudas y rendir cuentas sobre el destino de los fondos obtenidos por la emergencia.
Germán Gómez, jefe del bloque del PJ, acusó al oficialismo de “esconder” a sus ministros, cuando “debería ser una situación normal que den explicaciones sobre las preocupaciones de la sociedad y el cuerpo legislativo”.
En tanto los representantes del FIT, Maillé Rodríguez; de Ciudadanos por Mendoza, Mario Vadillo; y del Partido Demócrata, Mercedes Llano anticiparon su no acompañamiento, entendiendo que no está justificado el pedido de extensión de la emergencia.
Desde el oficialismo los legisladores Daniela García como Jorge López, brindaron las razones por las cuales considera el Gobierno que necesita estas herramientas financieras ante la delicada situación sanitaria. Además, hicieron hincapié en que Mendoza figura como una de las jurisdicciones más transparentes a la hora de realizar compras y contrataciones, según un estudio de una ONG nacional.
Por su parte, el titular del interbloque oficialista resaltó que “el gobernador no hizo uso del crédito adicional del 10% que le fue otorgado por la normativa del año pasado”.
¿Qué implica la emergencia?
En general la norma otorga al Ejecutivo una serie de herramientas legales para adoptar medidas con urgencia frente a la pandemia.
De esta manera el Gobierno provincial podrá reasignar partidas presupuestarias, modificar términos contractuales y de licitaciones públicas, renegociar contratos y hacer compras directas. Además, otorga la posibilidad de hacer uso de hasta el 10% del presupuesto votado en créditos.
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También se creó la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control (que con la prórroga, en definitiva seguirá funcionando, aunque desde la oposición denunciaron que nunca funcionó como lo prevé la norma) de todas las medidas realizadas por el Ejecutivo, en relación a las operaciones de endeudamiento y uso del crédito, y las contrataciones realizadas por los diferentes tipos de emergencias establecidas.
La nueva norma declara inembargables, mientras dure la emergencia, todas las cuentas bancarias, fondos de coparticipación federal y bienes del Estado provincial, debiendo los tribunales competentes en cada caso, de oficio o a pedido de parte, ordenar el levantamiento de las medidas cautelares y ejecutivas que se hubieren trabado y la restitución de las sumas embargadas y pendientes de libramiento en su caso. Fuente Sitio Andino
