El proyecto con los lineamiento sobre los geriátricos privados de Mendoza ya cuenta con media sanción otorgada por la comisión de Desarrollo Social, del Senado de Mendoza.

La iniciativa, que fuera impulsada por el senador Ricardo Bermejillo (MC) pero que recibió aportes de los integrantes de la comisión modificando el texto original, tiene tres ejes, el primero de los cuales precisamente relacionado al entorno familiar.

Responsabilidad familiar

“La familia debe estar en conocimiento si el geriátrico está habilitado o no, eso es responsabilidad de la familia, y se le pide que una vez a la semana vaya al geriátrico, visite a su familiar y ponga su percepción sobre el estado integral de salud de la persona. Independientemente que no sean médicos, la familia puede dar una percepción y lo que evitamos con esto, es el abandono de las personas dentro de estos establecimientos”, remarcó Marcela Fernández (UCR).

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El segundo eje, dijo, tiene que ver con la Dirección de Adultos Mayores, justamente al intervenir como autoridad de aplicación de todo lo que es auditoría y habilitaciones del Ministerio de Salud, para evaluar parámetros de maltrato o no, dentro de las instituciones”.

El tercer eje “es la clasificación de las residencias para personas mayores, que tiene que ver no solamente con la cantidad de asistentes que tienen por persona sino también con las actividades que realizan, siempre procurando pensar en la persona”.

“Es cambiar la visión que se tiene de estos lugares, y poniendo como protagonistas a las personas mayores”, resaltó Fernández, “por eso la categorización tiene que estar en virtud de las actividades que realizan los geriátricos. Sin son individualizadas o no, si tienen que ver con la patología o el estado que tiene la persona mayor, todo eso tiene que ser monitoreado y auditado por la Dirección de Adultos Mayores”.

Por otra parte, en el texto del despacho se prevé la creación de un Registro Único y Obligatorio de Establecimientos de Personas Mayores.

Acogimiento Familiar Temporario

Sobre el análisis del proyecto de Marcela Fernández sobre Acogimiento Familiar Temporario y de la misma autora la norma legislativa que instituye el 27 de  septiembre de cada año como el día del “Acogimiento Familiar” en coincidencia con la conmemoración de la Ley nacional 23.849, de adhesión a la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ese tratado fue firmado por 190 países, con excepción de Somalia y Estados Unidos. Argentina ratificó la Convención en 1990 y en 1994 le otorgó rango constitucional.

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Otra iniciativa abordada, de autoría de Bruno Ceschín (FdT-PJ), fue la que impulsa la creación del Observatorio de Mujeres Rurales cuya finalidad es “desarrollar un sistema de información estadística permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad de vida y de trabajo de las mujeres de zonas rurales; visibilizar a las mujeres rurales, sus actividades y problemáticas; generar participación, organización, vínculos y lazos entre las mujeres rurales de la provincia y portar a la inclusión de la mujer rural en el ámbito laboral y de salud”.