El ajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente que remunera el trabajo de las distribuidoras de energía eléctrica, fue el tema de la audicencia pública donde, las empresas solicitaron una actualización del 46% mientras que el Entre Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), propone un aumento del 16%. No obstante, el Gobierno de Mendoza es quien tiene la palabra final.

Si se incrementa un 45%, en la categoría T1R3- que concentra la mayor cantidad de usuarios (19 mil)- el aumento sería del 17% lo que implicaría una suba de mil pesos en la factura. Son mayores en casos de comercios que pagan categoría T1G1, sería un incremento de 22,5% y los montos sumarían $2.500 pesos.

En Mendoza, la tarifa de luz ya había sufrido un incremento de 26% a principios de febrero.

En Mendoza existen 11 distribuidoras de energía eléctrica aunque Edemsa concentra el 70% de los usuarios. Según la presidente del EPRE, Jimena Latorre, en promedio las empresas solicitaron un incremento del 45% en la tarifa. 

Jimena Latorre, presidenta del EPRE.

"El marco regulatorio permite que en caso de desfasaje en los costos y precios, las empresas pueden presentar los pedidos de actualización que estimen que correspondan. También prevé la posibilidad de este ajuste anual por lo tanto no correspondería volver a analizarlo hasta febrero del año que viene", explicó Latorre. 

"Hemos venido a explicar la necesidad de acomodar las tarifas. La postura de Edemsa ha sido pedir actualizaciones trimestrales con el sólo objetivo de atenuar el impacto en el bolsillo del consumidor, que haya aumentos más pequeños y más cercanos en el tiempo. Hemos planteado una actualización de costos que acompañen el contexto inflacionario que vive el país. Sin embargo, el porcentaje lo va a determinar el ente regulador y las empresas acatamos", señaló Renato Di Fabio, gerente de Relaciones Institucionales de Edemsa.

Renato Di Fabio, gerente de Relaciones Institucionales de Edemsa.

En tanto, la ONG Consumidores Mendocinos pidió el congelamiento de las tarifas: "Las distribuidoras en general han solicitado un aumento del 46%, el Gobierno planteó uno que oscila entre el 15% y 20% y los usuarios planteamos el congelamiento inmediato de las tarifas de los servicios públicos dada la situación de crisis y emergencia que atraviesan las familias y sectores de la producción y sobre todo comercios que influyen en la estructura de costos, lo que implica poner en riesgo la viabilidad de empresas y comercios", indicó Martín Sevilla, en representación de la ONG. Fuente: Sitio Andino.

Martín Sevilla, de la ONG Consumidores Mendocinos.