Excombatientes denunciaron el otorgamiento de pensiones a quienes se encuentran procesados por crímenes cometidos durante la última dictadura.


La Ley provincial Nº 12.006, sancionada en 2008 y actualizada con las modificaciones introducidas por las leyes Nº 12.317, 12.401,13.324, 13.563 y 13.980, establece el otorgamiento de una pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires en reconocimiento de los ex combatientes del Conflicto Bélico de las Islas Malvinas”. Los centros de excombatientes de Berisso y La Plata (CEVECIM.y CECIM) solicitaron a la Legislatura provincial un pedido de informes para que detalle cuál es el número de beneficios y quiénes son, ya que entre ellos habría genocidas acusados y condenados por delitos de lesa humanidad.

Originalmente, las pensiones  de “carácter mensual y vitalicia” estaban dirigidas a los ex soldados conscriptos y civiles que participaron en acciones de combate durante la Guerra de Malvinas, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Sin embargo, debido a las modificaciones introducidas a la norma original, se incluyó a cuadros de las Fuerzas Armadas y el número de pensionados del Instituto de Previsión Social provincial se elevó a más de siete mil.

En un comunicado conjunto, CECIM y CEVECIM.sostuvieron que “no hay justificación alguna que en el año 1982 hubiese esa cantidad de militares viviendo en la provincia de Buenos Aires“, y que en ese caso “tendrían que demostrar para acceder al beneficio su domicilio con anterioridad al 2 de abril de 1982 en la provincia. En relación con la cifra, comentaron que “no cierra por ningún lado”, que “es injustificable”, y adelantaron que “puede haber maniobras que ponen en riesgo al erario público y el financiamiento del sistema previsional provincial”.

En relación con este punto, los excombatientes hablaron de la Ley Nº 14.486, que reconoce como ciudadanos ilustres de la provincia de Buenos Aires a los soldados conscriptos que participaron en la guerra, que supera las 3.500 pensiones, “cifra que está acorde con la población histórica de colimbas que vivían en nuestra provincia”. En esta línea, solicitaron que se generen los mecanismos para que puedan demostrar su domicilio bonaerense anterior al 2 de abril de 1982: “Sospechamos que estamos ante la existencia de mecanismos apócrifos utilizados para acceder al beneficio y es por ello que exigimos la revisión total de estas pensiones”.

La condición para tener el beneficio de la pensión es no estar procesados o condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, o sancionados por actos de incumplimiento de sus deberes durante la Guerra de Malvinas. Sin embargo, según expresaron desde CECIM y CEVECIM, miembros de las Fuerzas Armadas que formaron parte del aparato represivo que llevó adelante el genocidio durante la última dictadura son beneficiarios de esta pensión.

“Hemos detectado que el IPS no realiza ningún procedimiento de control sobre el otorgamiento y continuidad del beneficio otorgado. En la actualidad hay beneficios vigentes de militares condenados y procesados”, difundieron en un comunicado los excombatientes. Uno de los genocidas identificados es Daniel Eduardo Robelo, condenado por delitos de lesa humanidad, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio de 123 personas, en el marco del juicio “Base Naval III y IV″ de Mar del Plata.

Cabe destacar que, con la reapertura de estos procesos judiciales, en 2007 se radicó la primera denuncia con los primeros veinticinco casos de soldados que participaron en Malvinas por torturas, en el Juzgado Federal de Río Grande, que dio origen a la causa 1777/07 caratulada “Pedro Valentín Pierre y Otro S/ Delitos de Acción Pública”. Hoy ya son más de 120 hechos hasta el momento denunciados, y después de 37 años fueron llamados a indagatoria los primeros dieciocho militares acusados de tortura.

“En todas las unidades militares que participaron en Malvinas, ya sea del Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina, hay hechos denunciados. Todas acciones cometidas contra los soldados conscriptos por los miembros de las Fuerzas Armadas, oficiales y suboficiales. Todos vimos lo que ocurrió en Malvinas, ellos también, y no admitimos que se sigan escudando en la frase “a mí no me consta”, expresaron desde el CECIM y el CEVECIM.






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