Funcionarios provinciales confirmaron a última hora de este miércoles que por disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Banco de Desarrollo de Jujuy S.E. (BDJ) deberá iniciar un proceso de disolución y liquidación, en razón de que la entidad no pudo obtener las debidas autorizaciones de la autoridad monetaria nacional para su funcionamiento como tal.
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En este sentido, el presidente del directorio del BDJ, Marcelo Fernández, reveló que habiendo sido fundado en 1972 bajo la denominación Banco de Acción de Social, “desde ese entonces no se encaminó el trámite para obtener la correspondiente autorización del BCRA, gestión que se puso en marcha recién a partir de su modificación a Banco de Desarrollo de Jujuy”.
Puntualizó el funcionario que no obstante las presentaciones realizadas, la habilitación solicitada “fue denegada por el BCRA”, lo que deriva en que “el Banco de Desarrollo debe proceder a su disolución y liquidación”.
Esto requiere el dictado de una ley, por lo que el Poder Ejecutivo provincial redactó un proyecto que ya fue remitido a la Legislatura para su tratamiento a la mayor brevedad posible.
TRAS 49 AÑOS, NO VA MÁS...
Habiendo transcurrido 49 años de la creación del BAS, “este gobierno provincial es el primero en requerir la aludida autorización”, trámite que no tuvo respuesta favorable, indicó Fernández.
Señaló también que en este marco, el pasado 30 de junio el Banco Central intimó a la provincia a cambiar la denominación de la entidad en virtud del artículo 19 de la ley 21.526, “advirtiendo además que toda trasgresión a esta medida faculta al BCRA a disponer su cese inmediato y definitivo, como así también aplicar las sanciones previstas e iniciar las acciones penales que pudieran corresponder, asumiendo la calidad de parte querellante”.
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En esa instancia se determinó adoptar como nueva denominación para la institución, el nombre de Agencia de Desarrollo de Jujuy Sociedad del Estado.
En cuanto al personal que actualmente presta servicios en la órbita del Banco de Desarrollo, en vista de su inminente disolución Fernández dijo que “el Estado provincial garantiza la continuidad laboral de los empleados públicos de la entidad”, ajustándose a los distintos regímenes vigentes.
