En la sede de la calle Balcarce 128 tuvo continuidad una asamblea extraordinaria del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) de Jujuy en cuyo transcurso se resolvió retomar medidas de fuerza en reclamo de que el Poder Ejecutivo local convoque a negociaciones paritarias.
“En vistas a que el Gobierno de la provincia incumple el compromiso asumido de llamado a paritaria mensual, se resuelve retomar plan de lucha”, informó en un comunicado de prensa la entidad gremial que nuclea a la mayoría de los profesores que prestan servicio en la educación pública provincial.
Los asambleístas votaron a favor de una campaña de concientización a realizarse desde este lunes hasta el viernes 3 de noviembre, que incluye para el martes 31 un “cartelazo” en las instituciones educativas, para visibilizar ante la comunidad los reclamos de los docentes.
De igual manera, se dispuso realizar una medida de fuerza en coordinación con sindicatos que integran la Intergremial de Jujuy, para lo cual se facultó a la comisión directiva del CEDEMS a “decidir la fecha y el o los días de la medida de fuerza”.
En ese sentido, se sugirió un paro de 24 horas para la semana del 6 al 10 de noviembre, como también se dejó abierta la posibilidad de que junto a otros sindicatos se convoque a un plenario de trabajadores, en fecha a determinar.
SALARIO INICIAL DE 295.000 PESOS
En relación a la negociación paritaria, un miembro de la conducción sindical explicó que los reclamos tiene como base una “pérdida de un 25 por ciento aproximadamente del poder adquisitivo del salario docente”, en razón de la cual se solicitará que “el salario inicial sea de 295.000 pesos” y que “el valor de la hora cátedra de nivel secundario alcance los 10.000 pesos”.
En cuanto a otros temas analizados en el debate, la dirigencia informó que la asamblea se expresó en repudio a la “lentitud” del Ministerio de Educación de Jujuy en expedirse sobre la “resolución de denuncias efectuadas por casos de violencia laboral en distintas instituciones educativas”.
Del mismo modo los docentes objetaron “las reuniones efectuadas entre el secretario de Gestión Educativa, profesor Federico Medrano, y el profesor Jorge Montero, exsecretario general del sindicato”, quien se encuentra “imputado por administración fraudulenta” de acuerdo a lo tipificado por el artículo 173 del Código Penal”, según refirió el sindicato.