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| jueves, 13 de agosto de 2026
La secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) de Jujuy, Mercedes Sosa, encabezó un grupo de dirigentes y afiliados que concurrió a la Legislatura y a la Casa de Gobierno movilizados “por las preocupaciones que tenemos con relación a distintos problemas que hay en la educación” pública provincial.
Una de esas cuestiones son las derivaciones de la resolución 5.521 de la Dirección de Educación Secundaria emitida el 1 de junio pasado y publicada en el Boletín Oficial n.º 89 el 31 de julio último, que dispone la apertura de investigaciones administrativas por la detección de presunta documentación apócrifa o adulterada en legajos de docentes de Nivel Secundario.
“Hay un conflicto salarial en este momento, que se agudiza con la publicación de un listado (de los legajos observados). Ya es la tercera vez que se expone públicamente a los docentes”, se quejó la titular del gremio.
Aseguró Sosa que esta situación “genera muchísima preocupación, malestar, porque hasta se habla de exoneración. Nos parece totalmente desproporcionada la amenaza frente a la aparente irregularidad”, dijo, al tiempo de sostener que una medida de ese calibre “viola cualquier concepto jurídico en el sentido de que no pueden penalizar de una manera tan gravosa frente a una aparente irregularidad”.
La resolución n.º 5.521-DESec/2026 dispone la apertura de investigaciones administrativas por la detección de presunta documentación apócrifa o adulterada en legajos de docentes de Nivel Medio.
La medida tiene como base informes emitidos por la Junta Provincial de Calificación Docente – Sala Secundaria, tras detectar certificaciones de cursos de capacitación presentadas por docentes que no coincidían con las listas oficiales de aprobados remitidas por los Institutos de Educación Superior (IES) emisores.
En ese sentido, las autoridades de los IES n.º 2 y n.º 6 entre otros, manifestaron no reconocer las firmas insertas en los certificados observados, radicando las correspondientes denuncias.
“Obviamente -aclaró Sosa- que nosotros no compartimos este tipo de acciones” que se sospecha cometieron los presuntos infractores, “pero sabemos que han sido fruto de una carencia política de capacitación para todos los docentes, que debiera ser universal, gratuita y de calidad. Y lamentablemente estos nichos de corrupción se generan a partir justamente de la carencia”, argumentó la sindicalista.
La presencia en la Legislatura tenía como propósito pedir que la Cámara de Diputados, que se encontraba sesionando, se expidiera orgánicamente “repudiando la actuación del Ministerio de Educación contra los docentes al publicar datos personales en la resolución n.º 5.521-DESec/2026 generando su estigmatización”.
Si bien el grupo de dirigentes, delegados y docentes no fue recibido por el pleno de la Cámara de Diputados como era su intención, se les comunicó el martes próximo a las 9:30 la Comisión de Educación recibirá formalmente al sindicato, previéndose la participación de la Comisión Directiva, el cuerpo legal y delegados.
La siguiente parada de la marcha fue la Casa de Gobierno, donde tiene sede el Ministerio de Hacienda, “para solicitar en primer término la devolución de los descuentos por los días de huelga” que impactaron en los haberes de los docentes.
La dirigencia buscaba acudir a las autoridades para “exigir” explicaciones sobre “cuáles han sido los criterios para el descuento, porque es muy irregular el procedimiento”, ya que “hay docentes (a los) que han descontado 40.000 pesos y otros casi 700.000”, señaló Sosa.
El propósito era “presentar notas elaboradas por los propios profesores exigiendo una respuesta y también obviamente la devolución (de los montos descontados), porque la huelga es un derecho”, defendió la dirigente.
También era intención de los directivos del CEDEMS “que nos den respuesta en relación a los reclamos de un aumento, de una mejora, alguna actualización, algún blanqueo, algo, alguna concesión que pueda de alguna manera mejorar nuestra situación sectorial”.
En opinión de la gremialista, el panorama es resultado de “una política salarial que no está ajustada al nivel de aumento de servicios que venimos padeciendo, no solo los docentes, sino todos los ciudadanos”, concluyó.
Eduardo Sánchez