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| lunes, 03 de agosto de 2026
El conflicto de índole salarial entre sindicatos que nuclean a docentes y el Gobierno provincial, repercute en la Legislatura de Jujuy generando opiniones que fijan posición en torno al tema. Una de esas voces es la del diputado Federico Manente, quien señaló los criterios legales y administrativos con que se evalúa las inasistencias de los docentes y respaldó las decisiones del Poder Ejecutivo.
En tanto, la diputada Natalia Morales, del bloque del PTS-FITU, advirtió que la discusión tiene un fuerte sesgo de “violencia de género” dado que “la docencia es un sector feminizado violentado por el Estado y el Gobierno”, por lo cual puso a disposición su espacio de trabajo “para fortalecer la organización y lucha en las calles, y armar una agenda en común tomando las problemáticas planteadas”.
El vocero oficial Alberto Siufi había dicho la semana pasada que la ausencia de los docentes primarios en las aulas invocando su adhesión a una huelga, significaría el descuento en sus haberes en razón de que la Asociación de Educadores Provinciales se encuentra en estado de acefalía, desde 2024, y en consecuencia no cuenta con el respaldo orgánico necesario para interponer medidas de fuerza.
“El Poder Ejecutivo desconoce momentáneamente a ADEP como entidad gremial legítima para dictar medidas de fuerza, debido a cuestiones administrativas internas y de acefalía institucional”, por lo que “la decisión adoptada por un grupo de docentes primarios de no dictar clases no es considerada un paro”, planteó por su lado el diputado Manente.
“La situación desatada por los afiliados enrolados en ese sector, no se trata como una medida de fuerza legal, al carecer el gremio de interlocución formal reconocida en este período”, por lo que “toda inasistencia bajo este paraguas será catalogada estrictamente como falta sin aviso, habilitando de forma automática las sanciones y descuentos correspondientes en los haberes”, describió.
En lo que respecta a los afilados al CEDEMS, el legislador del frente Jujuy Crece apuntó que aunque el escenario es diferente, dado el marco de las negociaciones paritarias, el ausentismo en los puestos de trabajo amerita “el mismo rigor en los sueldos de los educadores”.
“En el caso de los profesores de media y superior, existía una negociación abierta proveniente de la paritaria anterior”, de modo que el cese de actividades sin respaldo legal “derivará inexorablemente en el descuento de los días de labor no prestados”, completó Manente.
Una mirada muy diferente tiene la diputada Natalia Morales, del bloque del PTS FITU, quien en su carácter de integrante de la Comisión de Género de la Legislatura recibió a un grupo de docentes en actividad y jubiladas que expusieron el cuadro de situación.
“La docencia es un sector feminizado violentado por el Estado y el Gobierno de Jujuy que tiene que ser escuchado y tener respuestas” inmediatas. Violencia de género es que les impongan paritarias de hambre, descuentos y sanciones, y que les roben y se entrometan en la organización sindical", acusó la legisladora.
En la reunión a la que asistieron también los diputados Lamia Debbo y Alejandro Vilca, de la misma bancada, las visitantes comentaron experiencias personales en el ejercicio de su profesión y detallaron sus demandas.
En ese marco, frente a la ausencia de los representantes de los otros bloques que forman parte de la comisión, Morales apuntó que, “salvo la izquierda, la Legislatura nuevamente da la espalda a la docencia, o peor, diputados que legitiman el ataque y se expresan a favor de los descuentos, como el diputado Federico Manente, (algo) que no se puede naturalizar”.
La crítica de la diputada de la izquierda se hizo extensiva a demás espacios, cuando reprochó “el rol de las centrales sindicales que están ausentes en las luchas y le hacen el juego a la derecha y al gobierno de Sadir”, objetó.
Los legisladores del bloque del PTS FITU expresaron finalmente a las docentes su “compromiso de poner a disposición la comisión (de Género) y las bancas para fortalecer la organización y lucha en las calles, y armar una agenda en común tomando las problemáticas planteadas” por los trabajadores.
Eduardo Sánchez