Los representantes del Ministerio Público de la Acusación desarrollan su exposición de alegatos y pedirán condenas para los imputados en la causa denominada "Pibes Villeros", que investiga a 30 imputados por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas.
En la audiencia del miércoles por la tarde el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Jujuy escuchó a la fiscal Liliana Fernández de Montiel, quien relató la parte final de la exposición acusatoria, pero el debate debió suspenderse por un corte de energía eléctrica -que afectó a gran parte de la ciudad- producto de la fuerte tormenta que azotó Jujuy.
En el término de una hora la fiscal se refirió a los supuestos fraudes a la administración pública que se sucedieron en el marco de esta causa al indicar que los acuerdos entre el Gobierno nacional, provincial y comunal del año 2015 tenían como objetivos mejoras habitacionales.
En esta causa está imputada la dirigente social Milagro Sala y otros 30 acusados, entre ellos exfuncionarios provinciales y cooperativistas, por la supuesta defraudación al Estado, de unos 60 millones de pesos, presuntamente cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, las cuales no se habrían realizado.
En ese contexto Fernández de Montiel apuntó contra el expresidente del Directorio del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), Lucio Abregú, quien "libró de manera indebida cheques al municipio de San Salvador de Jujuy por catorce millones de pesos" y agregó que dicho organismo "no dispuso los controles pertinentes" de obras.
Asimismo sostuvo que la documentación presentada por las cooperativas sociales intervinientes y el listado de beneficiarios de las mejoras habitacionales en las 150 hectáreas del barrio Alto Comedero "eran apócrifas".
Más adelante dijo que la exdiputada provincial Milagro Sala, actualmente con prisión domiciliaria por otras causas, gestionó ante las autoridades nacionales los acuerdos para que luego las cooperativas extraigan el dinero de una sucursal del Banco Nación, el 9 de diciembre del año 2015.
Dijo que el pago del cheque se realizó previo a la presentación de facturas y una vez que se retiró el dinero se lo trasladó a la sede central de la organización social Tupac Amaru, por lo que consideró que quedó comprobado que las partidas antes nombradas no fueron destinadas a fines habitacionales y fue utilizado para "defraudar a la administración pública".
Para hoy se espera que la fiscalía realice el pedido de penas para los acusadospor los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, para seguir con la exposición de la querellas representadas por autoridades de la Fiscalía de Estado y la Fiscalía Anticorrupción.