"No se trata de fundamentalismo, sino de ser prácticos: no es posible que se permita que haya gente que sufra", dijo la legisladora jujeña


Numerosos colegas de la diputada nacional Alejandra Martínez adelantaron su apoyo a una iniciativa que la parlamentaria jujeña impulsa buscando poner en un plano de pragmatismo la problemática del uso de artículos de pirotecnia de alto poder sonoro que provocan efectos no deseados en personas y animales.

Bajo la consigna “más luces, menos ruido”, Martínez presentó en la Cámara Baja nacional un proyecto de ley para establecer en 90 decibeles el nivel máximo que podría alcanzar el sonido de las detonaciones de esos productos, atendiendo a que por encima de ese límite se supera el rango normal de tolerancia para seres humanos y especies animales en general.

“En momentos en que vemos que hemos evolucionado como sociedad y eso hace que tengamos la sensibilidad para darnos cuenta de que resulta indispensable la empatía, ponernos en el lugar del otro, este proyecto promueve la prohibición del uso de pirotecnia sonora, con el objetivo de resolver problemáticas que se generan en muchas familias y que para otros pasan desapercibidas”, comenzó diciendo a Vía Jujuy la legisladora.

Puntualizó que “diferentes asociaciones que protegen a las personas con trastorno del espectro autista han venido reclamando que se termine con el uso de la pirotecnia que genera estruendos y afecta su salud, fundamentalmente en los niños con cuadros de TEA, que sufren crisis, situaciones de temor, y en algunos casos llegan inclusive a autolesionarse”.

“Por eso es que nos parecía indispensable que hubiera una norma que contemplara y prohíba el uso de estos productos, que tanto daño hacen”, agregó.

La diputada Alejandra Martínez y su asesor Agustín Garlatti explican aspectos del proyecto de ley para prohibir el uso de pirotecnia sonora.

Señaló asimismo el rol de las entidades protectoras de animales, que “han venido reclamando con justa razón” la adopción de medias en salvaguarda de las distintas especies que también se ven afectadas por las denominadas “bombas de estruendo”, como las que se hace detonar en diferentes festejos “como las fiestas patronales”, o marchas y movilizaciones.

Indicó Martínez que para producir el proyecto contó con la colaboración del abogado Agustín Garlatti y juntos “trabajamos el tema con muchas asociaciones”, entre las que destacó “a la gente de Narices Frías, los voluntarios del Hogar San Roque y demás asociaciones independientes, que reclaman por una norma que termine con esta problemática”.

En concreto, el proyecto de ley se orienta a “prohibir en el país el uso, la producción, la fabricación y la manipulación de artículos de pirotecnia sonora que tengan más de noventa decibeles”, resumió.

Garlatti aportó el dato de que si bien en diferentes jurisdicciones, en general municipios, existen ordenanzas sancionadas y hasta en algún caso hubo una audiencia pública, se requiere de una ley del Congreso para que tenga alcance nacional.

Destacó Martínez que en reuniones entre fabricantes, comercializadoras y las entidades civiles que reclaman la prohibición, surgen “puntos de encuentro” que han llevado incluso a que sectores de la industria se plieguen a la campaña “Más luces, menos ruido”.

“Podemos hacer un análisis integral y entender que todos podemos aportar y que, a lo mejor, se puede orientar la venta hacia otro tipo de pirotecnia”, acotó.

“Hablamos de los chicos que tienen esta problemática, pero la verdad es que a todas las personas nos provoca un daño. A los bebés les causa situaciones de estrés, de temor, de desorientación. No se trata de fundamentalismo, se trata de ser prácticos y reconocer que no es posible que se permita que haya gente que sufra”, remarcó luego.

El proyecto de ley considera otros dos aspectos, que son, por un lado, “que el órgano de aplicación desarrolle campañas de sensibilización y de concientización”, y por otro, un régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo normado, que serían “multas que están establecidas entre una y quince veces el salario mínimo vital y móvil”, siendo que el fondo resultante estará destinado financiar las acciones de concientización.

“Una norma de esta naturaleza implica planteos, discusiones, reuniones y estamos dispuestos a dar todas las que sean necesarias para que podamos evolucionar y contar con una legislación de estas características”, dijo la legisladora radical, que en ese sentido dijo de sus expectativas de que “pueda tener pronto tratamiento en comisión” para que “pueda bajar al recinto antes de fin de año, eso sería lo ideal”, completó.





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