Cecilia Martínez
Los centros de detención del país atraviesan situaciones diversas y, en muchos casos, quedan bajo la mirada de la Justicia cuando surgen reclamos vinculados con las condiciones de alojamiento. El control sobre la salud, la seguridad y el trato recibido por las personas privadas de su libertad forma parte de una responsabilidad que involucra a distintas autoridades cuando aparece una denuncia.
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Cuando una persona detenida considera que sus derechos pueden estar siendo afectados, existen distintos caminos para plantear el reclamo y pedir que la situación sea revisada. El escenario puede volverse más complejo cuando intervienen autoridades de diferentes jurisdicciones, algo que obliga a determinar quién debe actuar y qué ámbito judicial tiene competencia para hacerlo.
Los reclamos que encendieron la alarma dentro del establecimiento
La denuncia por malos tratos fue presentada por seis presos federales alojados en una unidad penitenciaria de Gualeguaychú. Sus defensoras públicas oficiales, María José Bonifacino y Paulina Di Pretoro, llevaron el reclamo ante la Justicia Federal y solicitaron una audiencia urgente con las autoridades penitenciarias para analizar lo ocurrido y buscar respuestas.
El reclamo comenzó cuando los detenidos plantearon ante las autoridades del establecimiento que habrían atravesado episodios de maltrato por parte de agentes penitenciarios. El reclamo también incluyó cuestionamientos sobre las requisas realizadas en sus celdas. Las denuncias pusieron bajo la lupa el trato recibido dentro del pabellón y activaron la intervención de sus defensoras públicas.
Las defensoras también advirtieron sobre problemas con la atención sanitaria de los internos y expusieron que varios atravesaban ataques de ansiedad, episodios de pánico y alteraciones de conducta, sin contar con asistencia psicológica o psiquiátrica. A esto sumaron reclamos por la falta de respuestas ante emergencias médicas y restricciones que afectaban el día a día dentro del establecimiento.
Al respecto, la jueza federal Analía Graciela Ramponi tomó el planteo y le dio curso como habeas corpus, al considerar que podía existir un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Sin embargo, entendió que no le correspondía intervenir por razones territoriales y ordenó enviar las actuaciones al juzgado federal de Gualeguaychú para que continúe el trámite judicial correspondiente.
La decisión judicial que definió quién deberá intervenir en el caso
La definición quedó finalmente en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que analizó el planteo y determinó qué Justicia debía continuar con el caso. Los magistrados entendieron que los hechos denunciados involucraban a personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y resolvieron que las actuaciones pasaran al ámbito provincial de Gualeguaychú.
Mientras se define quién tendrá a su cargo la causa, la Cámara dispuso medidas para resguardar a los detenidos y ordenó al director de la unidad, Lucas Ariel Dufour, garantizar salud y seguridad para los denunciantes, además de informar al juzgado federal sobre las acciones adoptadas, en tanto la Justicia deberá designar al magistrado que continuará con el caso. Con información de Diario UNO.