El comunicado oficial llegó en las últimas horas a manos de las autoridades judiciales, respecto a la situación de la Unidad Nº 9 "El Potrero" ubicada en Costa Uruguay Norte.


El juez de Garantías y Transición N° 2 de Gualeguaychú, Ignacio Boris Telenta, fue informado en las últimas horas, mediante nota oficial dando cuenta que la Unidad Penal N° 9 Granja El Potrero, se encuentra con su capacidad máxima agotada para recibir internos.

Si bien ya se sabía que las cárceles de la provincia de Entre Ríos se encuentra superpobladas de internos, el comunicado remitido por el director de esa Unidad Penal, prefecto Javier Osvaldo Bossi, ha dejado interrogantes a funcionarios judiales de la provincia. 

El escrito recibido por Telenta, sostiene que dicha Unidad Penal “se encuentra con su capacidad máxima de alojamiento agotada, con una totalidad de 260 internos, entre ellos masculinos y femeninos, procesados y condenados, tanto federales como provinciales”.

Juez Ignacio Telenta
Crédito: SN

La nota en rigor es una orden emanada de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos para que tomen nota todos los Juzgados. En buen romance: la Justicia no puede enviar más condenados ni procesados a la UP 9 Granja El Potrero, por falta de espacio.

El colapso en este sentido preocupa, ya que no sólo implica una saturación o hacinamiento, sino también la destrucción o debilitamiento del propio sistema para el que fue creado, desvirtuandosé los objetivos de su creación.

El colapso
Lo comunicado formalmente en las últimas horas desde la Granja Penal a los jueces, respecto a la capacidad máxima que la misma habría llegado al límite con 260 internos, no es el único caso.

Ya había sido anticipado de manera reiterada por todas las autoridades del Servicio Penitenciario y su actual director, Marcelo Sánchez, no fue la excepción al reconocer que, en la actualidad, en las nueve unidades penales entrerrianas hay 2.600 internos, lo cual representa “una cifra récord, que ha superado la media histórica”.

Al momento de explicar este notable incremento, los factores son varios, pero los principales están vinculados con la modificación del Código Procesal Penal, que llega a condenas en tiempos más ágiles; y la recurrente actividad delictiva que suele incrementarse en determinados períodos históricos o contextos económicos sociales.

La Ley de Narcomenudeo no ha sido influyente, porque de los 2.600 internos, solamente setenta personas se encuentran alojadas por ese régimen.

Por otra parte se estima que el 80 por ciento de la población que está alojada en las unidades penales de la provincia “tiene una condena firme” y el otro 20 por ciento están comprendidos bajo la figura de prisión preventiva y los que afrontan causas federales.

Finalmente, la situación descripta tiene otro agravante. “El estado de infraestructura de la Unidad Penal N° 2 que existe en la ciudad y que es considerada como una de las más deterioradas de las nueve que existen en la provincia y cuyo destino no es otro que su relocalización”. En la UP 2 se encuentra en un estado edilicio inmejorable, contando con sistema arquitectónico contraproducente para toda iniciativa de resocialización. Fuente: ElArgentino/VíaGchu.





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