Cecilia Martínez
La Dirección Nacional de Medio Ambiente uruguaya (DINAMA) emitió la autorización Ambiental Previa para la nueva planta de celulosa de UPM en la localidad de Pueblo Centenario, en cercanía a Paso de los Toros. Además habría dado la aprobación para la instalación de la terminal portuaria de uso exclusivo para la corporación finlandesa en el Puerto de Montevideo.
La resolución 690, por la que se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental y permite a UPM para iniciar las obras de la nueva pastera una vez que se firme el contrato definitivo, tuvo lugar el 14 de mayo pero aun no figuraba publicada en la página oficial de la Presidencia de la República, si bien se descuenta que lo estará en las próximas horas.
Se espera que tomo esta público durante la reunión que este viernes celebrarán el Presidente Tabaré Vázquez y el CEO global de UPM, Jussi Pessonen, que tenía previsto llegar esta mañana a Montevideo procedente de Helsinki.
La autorización para la nueva pastera a orillas del río Negro determinaría una habilitación para producir 2,1 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa ampliables a 2,3 millones y UPM tendría un plazo de dos años a partir del 14 de mayo último para iniciar las obras de construcción.
Asimismo la autorización incluye la obligación para UPM de presentar ante la "DINAMA” un Plan Integral de Monitoreo para el río Negro, pero no dice absolutamente nada de las condiciones que deberán tener las aguas de dicho curso en el punto de desembocadura del río Uruguay.
En este caso concreto, Uruguay, está obligada a comunicar a Argentina la totalidad del proyecto, de acuerdo a lo previsto en el Estatuto del Río Uruguay, ya que las aguas del río Negro desembocan en el Uruguay.
De acuerdo a lo que anunciaron la semana pasada las autoridades de la Cancillería y la CARU, en el sentido de poner en marcha el procedimiento de consulta dispuesto en el citado Estatuto, a partir de este momento si Uruguay no cumpliera con su obligación, Argentina solicitará el Proyecto de la nueva pastera, para que los técnicos de la CARU evalúen los eventuales perjuicios que pudieran causar los efluentes en las aguas del Río Uruguay, que es un río cuya administración es compartida con el vecino país.
Fuente: Máxima online