Hay un impáz de 90 días otorgado por la Corte Suprema para que las provincias y el gobierno nacional puedan negociar algún acuerdo. Después de esto el órgano máximo de justicia se expedirá sobre el planteo de inconstitucionalidad.


El secretario de Provincias y Municipios, Alejandro Caldarelli, en representación del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; y el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, convocaron durante esta semana a las seis provincias que se presentaron en la Justicia por la derogación del Fondo Federal Sojero para abrir un canal de diálogo.

Los funcionarios nacionales explicaron los motivos y fundamentos de las medidas que se debieron tomar para enfrentar la severa crisis del 2018 y que fueron debatidas en varias reuniones realizadas con todos los representantes de las provincias en el marco del armado del Presupuesto nacional 2019 y su posterior debate parlamentario.

“Este gobierno ha demostrado a lo largo de su gestión la convicción de fortalecer el federalismo argentino y mantener una relación con las provincias basada en el dialogo y el consenso para delinear políticas públicas comunes que procuren alcanzar un mayor y equitativo desarrollo de todas las regiones del país”, destacó Caldarelli al respecto.

Y añadió: “El esfuerzo realizado en los distintos acuerdos federales con las provincias así lo demuestra. Estamos mejorando los recursos que hoy ya reciben e intentando desterrar definitivamente la cultura de resolver los conflictos que se presentan en la Justicia, propiciando siempre una mesa de diálogo”.

Caldarelli y Pena recibieron por Chubut al ministro de Economía y Crédito Público, Luis Tarrío, y al Fiscal de Estado, Cristian Marcelo Martínez; por Santiago del Estero al ministro de Economía, Atilio Chara, y al Fiscal de Estado, Raúl Abate; por Catamarca al ministro de Hacienda y Finanzas, Ricardo Sebastián Véliz; por Formosa al ministro de Economía, Jorge Oscar Ibáñez; por Tierra del Fuego al ministro de Economía, José Labroca, y al fiscal de Estado, Virgilio Juan Martínez Sucre; y por Santa Cruz al ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli, y al fiscal de Estado, Fernado Tanarro





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