La inflación de 2022 fue la más elevada en 32 años, 94,8% y los primeros meses de 2023 muestran signos de aceleración. Después del anuncio de la inflación del febrero, la cual fue de 6,6%, especialistas estiman que la de este mes rondará el 7% y ya los consumidores no eligen los comercios de cercanía, sino que optan por los supermercados, en donde se encuentran los productos contemplados por los acuerdos oficiales.
Desde la Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini circularon esta última semana dos informes. Uno arrojó que este mes hubo una desaceleración en los aumentos de los principales productos de consumo masivo. El otro mostró que los consumidores tomaron nota de que en las grandes superficies que forman parte de Precios Justos consiguen mejores ofertas.
El primero es un relevamiento sobre 8000 alimentos y bebidas en 8 supermercados que publica cada viernes la consultora LCG, el cual exhibió una inflación del 0,46% para última semana de marzo “El índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual de 5% promedio en las últimas 4 semanas. En lo que va del mes acumula un 2,7%”, resaltó la consultora.
El segundo fue de Scentia, correspondiente a febrero. Allí se consignó una caída de casi 9% interanual en las ventas de comercios de cercanía, donde históricamente las familias realizaron el 65% de sus consumos. Al mismo tiempo, en supermercados hubo un alza del 8,2% respecto al mismo período del 2022.
Los datos van en línea con los índices que publicó el INDEC sobre enero. Las ventas en los supermercados registraron una suba de 5,3% mensual, mientras que respecto a igual mes del año pasado avanzó 0,8%.
“Las empresas le venden más caro a los almacenes de barrio. Pero ahí no tenemos capacidad de control porque lo cierto es que no tenemos ningún tipo de convenio firmado. Los acuerdos tienen los límites que tiene una economía con 40% de informalidad”, sostuvieron desde el Ministerio de Comercio.
¿Qué es el programa Precios Justos?
Con el objetivo de tender a la estabilidad de los precios en el corto plazo, disminuir la inercia, la expectativa inflacionaria y recuperar el poder de los ingresos, el 11 de noviembre de 2022, entro en vigor el programa Precios Justos.
El programa fijó los precios de alrededor de 1.800 productos de primera necesidad por 120 días, mediante acuerdos con empresas productoras y comercializadoras de productos de consumo masivo. Además, aplicó un tope de aumentos de 4% para el resto de los artículos de consumo masivo que se venden en grandes cadenas de supermercados por parte de las empresas que firman el acuerdo.
También se fueron incluyendo otros sectores: petroleras, cámaras del sector farmacéutico, con la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), empresas de telas e hilados y marcas de zapatillas.
A principios de febrero, luego de que la inflación de enero se acelerará al 6% por encima de la expectativa del mercado, el acuerdo se renovó y amplío. En ese sentido, sé bajo la pauta de aumentos mensuales al 3,2% hasta junio y contempló un acuerdo con más de 500 empresas, 1.925 productos, con un aumento de 9% en febrero, para luego quedar congelados.
Dentro del canal moderno (supermercados, hipermercados) se observó una mayor incidencia del programa, a diferencia del canal tradicional (almacenes, pequeños comercios de cercanía) que no está cubierto por el acuerdo y tiene menor trato directo con el Gobierno. En el canal tradicional, el aumento de precios de los productos atravesados por Precios Justos fue mayor. Esto, no es novedoso en este tipo de programas, sino que se trata de una situación que se repitió a lo largo de los últimos diez años con controles de precios.
¿Cuáles son las debilidades del programa?
La brecha entre los aumentos de productos de consumo masivo incluidos en Precios Justos, que se venden en supermercados y los que se consiguen en comercios pequeños, implica un impacto más severo sobre los sectores más vulnerables.
Los deciles más pobres de la sociedad, no solo gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en productos de consumo masivo, sino que tienden a utilizar menos los supermercados e hipermercados. Según indicó la última Encuesta de Gasto de los Hogares, los hogares del 10% de menores ingresos destinan solo el 15% de sus gastos en alimentos y bebidas al canal moderno, mientras que ese porcentaje crece a 45% en los hogares del 10% de mayores ingresos.
En ese sentido, si bien el plan logró cierto impacto, posiblemente no haya tenido la misma repercusión en hogares con menores ingresos, ya que casi no compran en supermercados.
¿Qué se espera para los próximos meses?
Lo sucedido en ediciones pasadas muestra que, aunque los acuerdos de precios de bienes de consumo masivo tengan algún impacto de corto plazo, traen aparejados riesgos hacia adelante. Cuando se levanta el congelamiento, los precios se actualizan intentando recomponer el terreno perdido y terminan por acelerar nuevamente la inflación.
Los controles de precios/salarios resultan insuficientes para utilizarse de manera aislada como herramienta desinflacionaria en forma sostenida. En el marco de la implementación de un plan de estabilización técnicamente sólido, con amplio respaldo político y credibilidad para los agentes económicos, los acuerdos pueden funcionar como un complemento para alcanzar el objetivo de moderar la inercia inflacionaria.
