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| domingo, 16 de agosto de 2026
La creencia de que una deuda de tarjeta de crédito desaparece automáticamente después de cinco años está muy extendida en Argentina. Sin embargo, ese plazo suele confundirse con otros límites relacionados con la información crediticia y no significa que, una vez transcurrido ese período, el consumidor quede automáticamente liberado de la obligación.
La Ley de Tarjetas de Crédito 25.065 establece plazos específicos para iniciar acciones judiciales por saldos impagos. En términos generales, contempla un año para la acción ejecutiva y tres años para la acción ordinaria, aunque el cómputo puede verse afectado por distintas circunstancias.
Por eso, esperar simplemente a que pase el tiempo no necesariamente resuelve el problema. Además de las posibilidades de reclamo, una deuda puede afectar el historial crediticio y complicar el acceso futuro a tarjetas, préstamos y otras formas de financiación.
Uno de los puntos centrales es diferenciar entre prescripción de la acción para reclamar judicialmente y desaparición de la deuda.
La Ley 25.065 establece que las acciones vinculadas al cobro de saldos de tarjetas de crédito prescriben en un año para la acción ejecutiva y tres años para la acción ordinaria.
Esto implica que, una vez cumplido el plazo correspondiente y siempre que no haya existido una causa que lo interrumpa o suspenda, el acreedor puede encontrarse limitado para exigir judicialmente el pago mediante esas acciones.
Sin embargo, la prescripción no debe interpretarse simplemente como que la deuda "se borra". Incluso si una persona paga voluntariamente una obligación después de cumplido el plazo de prescripción, ese pago sigue siendo válido.
Otro aspecto importante es que la prescripción debe analizarse en cada caso y, ante una demanda, debe ser planteada por el deudor en tiempo y forma. No conviene asumir que el mero paso de los años resolverá automáticamente cualquier reclamo.
¿De dónde surge entonces la popular idea de los cinco años? Una de las razones está relacionada con las bases de datos de antecedentes crediticios.
El plazo durante el cual puede mantenerse determinada información negativa en bases de riesgo crediticio no es lo mismo que el período de prescripción de una acción judicial.
De esta manera, una persona puede dejar de aparecer con determinado antecedente negativo en una base de datos una vez cumplidos los límites correspondientes, pero eso no equivale necesariamente a que la obligación original haya desaparecido.
Además, existen determinadas situaciones que pueden modificar el cómputo de la prescripción. El inicio de una acción judicial o el reconocimiento de la deuda por parte del cliente, por ejemplo, pueden tener consecuencias sobre los plazos.
Un pago parcial, una refinanciación o la firma de un acuerdo de pago tampoco deberían considerarse actos sin consecuencias jurídicas. Por eso, ante una deuda antigua, resulta recomendable conocer exactamente su situación antes de aceptar una propuesta o firmar documentación.
El problema del endeudamiento también se trasladó con fuerza al universo de las billeteras digitales y proveedores de crédito no bancarios, que ofrecen líneas de financiación de rápida contratación.
Los créditos promedio de algunas plataformas se ubican entre $300.000 y $500.000, con plazos que pueden ir de tres a seis meses. Sin embargo, el costo financiero puede convertirse en un problema para los usuarios que no consiguen cumplir con las cuotas.
Según datos del sector, las tasas nominales anuales pueden ubicarse alrededor del 115% al 120%, mientras que el costo financiero total puede superar ampliamente el 200% anual y, en determinados casos, acercarse al 300%.
En ese escenario, la morosidad se convirtió en una preocupación creciente. En el segmento de proveedores de crédito no bancarios, la irregularidad llegó a superar el 27% a comienzos de 2026, lo que significa que más de uno de cada cuatro préstamos presentaba problemas de cumplimiento.
En redes sociales también comenzó a circular otra supuesta solución: desinstalar la aplicación de la billetera virtual cuando resulta imposible pagar el crédito.
Eliminar una aplicación del teléfono, sin embargo, no cancela el préstamo ni elimina los datos asociados al cliente y a la operación.
Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, explicó a iProfesional que las empresas suelen intentar inicialmente una normalización o negociación con el cliente.
"Si el deudor no paga, primero la compañía le va a sugerir una normalización; incluso una negociación para solucionar el problema", señaló.
El escenario puede cambiar cuando no existe voluntad de regularizar la situación. Según Biocca, si la persona elimina la aplicación y deja de responder, "lo más probable es que la empresa traslade el caso a un estudio de abogados".
Por lo tanto, desinstalar la billetera no impide que continúen las gestiones de cobro ni hace desaparecer la obligación.
En definitiva, tanto con las tarjetas de crédito como con los préstamos otorgados por plataformas digitales, no existe un mecanismo por el cual una deuda desaparezca simplemente por esperar cinco años o borrar una aplicación. Los plazos de prescripción, los registros crediticios y las posibilidades de cobro son cuestiones diferentes y, frente a una deuda concreta, deben analizarse según las circunstancias particulares del caso.
Rodrigo Capeans