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| martes, 14 de julio de 2026
Carla, la mujer que con su declaración trazó el perfil criminal de los involucrados en el femicidio de Agostina Vega, lanzó una acusación desde el barrio San Martín de la ciudad de Córdoba. Denunció un presunto intento de silenciamiento por parte del poder político provincial.
Durante una entrevista con Telediario Digital, la testigo relató que, luego de prestar declaración en sede judicial y en Jefatura, recibió una propuesta inusual. Según sus palabras, sectores vinculados al oficialismo habrían aprovechado su vulnerabilidad económica para intentar apartarla de la exposición pública y mediática que rodea al caso.
Ella fue categórica al describir la maniobra que, según ella, buscaba neutralizar su testimonio ante la prensa. “Trataron de callarme con una ayuda económica y un botón antipánico”, sentenció la testigo, vinculando este accionar directamente con el Gobierno y sectores políticos cordobeses.
De acuerdo con su relato, la instrucción que recibió fue clara: aceptar un monto de dinero mensual para gastos básicos, pero con la condición de permanecer aislada y callada. “Me dijeron: 'Bueno, le damos una ayuda económica de tal monto y bueno, que se guarde en su casa'”, detalló.
La testigo rechazó enfáticamente la propuesta al considerar que se la estaba tratando como a una sospechosa en lugar de una colaboradora de la Justicia. “Yo no lo veo así porque yo no soy una delincuente para estar encerrada”, manifestó con indignación durante el móvil televisivo.
Carla aportó datos concretos sobre el lugar donde se habrían impartido estas directivas para silenciarla. Identificó una oficina ubicada en la calle Tránsito Cáceres al 250, en la zona céntrica de la capital cordobesa, como el punto de referencia donde se gestó el ofrecimiento.
Además, describió un sistema de control sobre el dinero que le habrían ofrecido para su sustento. “Te damos la plata y vos vas, comprás mercadería y te quedás en tu casa. Cuando comprás la mercadería, presentás los tickets en donde diga que vos gastaste la plata”, explicó sobre la mecánica del presunto acuerdo.
La vecina interpretó esta situación como una maniobra para evitar que siguiera aportando información sensible sobre el caso. Sus revelaciones previas vinculan el entorno de la víctima con el narcotráfico y el funcionamiento de una red de prostitución VIP en el bar Wachitas.
En su declaración, Carla reconoció que atraviesa una situación económica difícil producto de no contar con empleo y tener hijos a cargo. Según su visión, este factor de necesidad extrema fue utilizado por los funcionarios para intentar coaccionarla y sacarla de la escena pública.
A pesar de la denuncia de silenciamiento, la testigo cuenta actualmente con una consigna policial permanente en la puerta de su domicilio en barrio San Martín. Este monitoreo busca garantizar su integridad física dadas las graves acusaciones que involucran a personas con presuntos vínculos de poder en Córdoba.
El caso Vega continúa sumando capítulos de tensión en la provincia. La justicia deberá ahora procesar estas nuevas declaraciones que ponen bajo la lupa la transparencia del manejo de los testigos en causas de alto impacto social.
Redacción Vía Córdoba