Trata de personas en Córdoba: el escabroso negocio detrás del alquiler de vientres


La Justicia federal procesó a directivos de la clínica Fecundart en Córdoba y a un abogado por captar a jóvenes en situación de vulnerabilidad extrema. Los chats del expediente revelan "packs" de pago que incluían miles de dólares, bonos por "puntualidad" y hasta tecnología de alta gama.

La Justicia puso al descubierto una red de explotación que operaba bajo la fachada de tratamientos de fertilidad en las clínicas Fecundart y Nascentis. El juez Alejandro Sánchez Freytes procesó al médico cirujano José Antonio Pérez Alzaa, a su cuñada Paula Mariana Liendo y al abogado Nicolás Enrique Gigena por el delito de trata de personas agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad.
La investigación, liderada por los fiscales Enrique Senestrari, Carlos Gonella y la Protex, derivó en un embargo colectivo histórico de más de mil millones de pesos.
El mecanismo de captación era quirúrgico y se centraba en mujeres jóvenes y en situación de vulnerabilidad económica, muchas de las cuales ya eran madres.
Los chats incorporados a la causa muestran que la gestación de bebés se ofrecía como un paquete comercial: 18.200 dólares en total, distribuidos en pagos mensuales de 350 dólares y un pago final de 12 mil tras el parto.
Incluso se ofrecían incentivos para asegurar el "éxito" del proceso. Los reclutadores prometían bonos de 2.000 dólares por “seriedad y puntualidad”, además de 300 dólares adicionales para vestimenta.
En otros esquemas detectados, el "beneficio" por quedar embarazada incluía un pago de 5.000 dólares y la entrega de un iPhone 13.
Según el expediente, las clínicas habrían utilizado las donaciones de óvulos como una puerta de entrada para identificar a las posibles víctimas. “La clínica Fecundart habría establecido, en muchos casos, un primer contacto con las víctimas a través de sus 'donaciones de óvulos'”, detalla un documento judicial, lo que permitía a los procesados conocer la identidad y el trasfondo de necesidad de las mujeres.
En el caso del abogado Gigena, se lo procesó también por tentativa de falsedad ideológica. El letrado habría confeccionado acuerdos donde invocaba una supuesta "amistad" inexistente y un "fin altruista y filantrópico" de las gestantes para engañar a la Justicia de familia, ocultando la compensación económica pactada de diez mil dólares.

Aunque en Argentina la subrogación de vientre no es un delito en sí mismo, la clave de este caso reside en la explotación de la vulnerabilidad. En Córdoba, el costo de un vientre puede ser hasta 15 veces menor que en mercados internacionales como Estados Unidos o Ucrania, lo que convierte a la región en un foco atractivo para este tipo de organizaciones.