Secta de los sanadores egipcios en Córdoba: condenaron a sus líderes a 18 y 9 años de prisión
La sentencia fue por trata laboral, reducción a la servidumbre, abusos sexuales y estafas.
Redacción Vía CórdobaEl Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó este viernes a los principales responsables de la organización conocida como "la secta de los sanadores egipcios", que operaba en Traslasierra bajo la fachada de la Fundación Académica Sêshen. Álvaro Juan Aparicio Díaz recibió una pena de 18 años de prisión, mientras que su esposa, Carolina Cannes, fue condenada a 9 años.
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Aparicio Díaz, quien se hacía llamar Sahú Ari Merek dentro de la organización, y Cannes, conocida como Maestra Zaturrá, fueron hallados culpables por delitos vinculados con la trata laboral, la reducción a la servidumbre, los abusos sexuales y las estafas.
Además de las penas de cárcel, el tribunal estableció indemnizaciones por un total de $806 millones para reparar los daños ocasionados a las víctimas.
Cómo funcionaba la secta de los sanadores egipcios en Traslasierra
La investigación determinó que las maniobras se desarrollaron entre 2014 y 2021. Durante ese período, los líderes captaban personas mediante propuestas de supuestos tratamientos de sanación egipcia, lecturas energéticas y capacitaciones espirituales.
Una vez que conseguían establecer un vínculo de confianza y dependencia con los integrantes, algunas de las víctimas eran trasladadas al predio rural Pozos Azules, ubicado en San Lorenzo, cerca de Villa Cura Brochero.
En ese establecimiento de Traslasierra, las personas sometidas realizaban tareas de desmonte, agricultura y construcción sin recibir una remuneración. La causa también reunió pruebas sobre despojos patrimoniales, estafas y episodios de abuso sexual.
Las primeras denuncias dieron origen a una investigación en la Justicia provincial que posteriormente pasó al fuero federal por la gravedad de los delitos vinculados con la trata de personas.
Los líderes deberán pagar $806 millones a las víctimas
La sentencia también estableció reparaciones económicas para las personas damnificadas. El monto total asciende a $806 millones, distribuidos en ocho indemnizaciones individuales. Las compensaciones buscan reparar los daños patrimoniales y morales sufridos durante el período en el que funcionó la organización.
Otro aspecto relevante del expediente fue la situación de 11 personas que inicialmente habían sido imputadas por su participación en la estructura. Sin embargo, durante el proceso fueron sobreseídas al determinarse que también habían sido víctimas del accionar de los líderes.
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Varias de ellas participaron del juicio oral como querellantes particulares y aportaron sus testimonios sobre el funcionamiento interno de la organización.
Durante los alegatos, la Fiscalía Federal había solicitado penas de 25 años de prisión para Aparicio Díaz y de 15 años para Cannes. Finalmente, el tribunal estableció condenas de 18 y 9 años, respectivamente.
