Redacción Vía Córdoba
Dos policías de Córdoba se encuentran a las puertas de un juicio por un presunto caso de violencia extrema contra Marcela Dayana Belén Ceballos, una mujer que intentó interceder ante la detención de su hijo en el año 2023. Se trata del sargento Ramón Ángel Sebastián Toledo y la oficial Oriana Milena Lucena, quienes llegan a esta instancia imputados por delitos severos: lesiones graves calificadas, privación ilegítima de la libertad, vejaciones y falsedad ideológica de instrumento público.
El Fiscal de Instrucción Iván Rodríguez ordenó su prisión preventiva después de que videos de vecinos y la investigación demostraran que un control se había transformado en un episodio abusivo, seguido de un intento de encubrimiento mediante un parte falso.
Supuesto abuso policial: cuándo ocurrieron los hechos
El hecho ocurrió el 23 de diciembre de 2023 en barrio SEP, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. La madre se acercó al ver que Toledo y Lucena requisaban a su hijo de 18 años, quien caminaba por la vereda junto a su novia. Belén se puso frente a los uniformados, pidiendo que soltaran al joven. En un contexto de gritos y tensión, Lucena habría tomado la escopeta antitumulto calibre 12/70 y la habría “calzado”. La oficial efectuó al menos dos disparos con postas de goma a muy corta distancia de la víctima, quien se había plantado a escasos centímetros del cañón para proteger a su familiar. Toledo habría lanzado un tercer tiro, el cual también tuvo como objetivo a la mujer.
Ante esto, terminó tendida en el asfalto con heridas en ambas extremidades superiores. La mujer fue trasladada al hospital, donde se constataron fracturas en los dedos y una lesión ósea importante en uno de los huesos de su brazo. A pesar de ser la agredida, la víctima quedó detenida. Esto sucedió porque los efectivos elaboraron un informe donde consignaron que ella intentó apuñalar a Toledo y amenazar de muerte a la oficial Lucena. Por esa versión, la mujer pasó la Navidad incomunicada en el penal de mujeres de Bouwer. La investigación posterior y las filmaciones aportadas por vecinos desmintieron la versión policial.
El juicio contra los policías comenzará el 2 de diciembre
El Fiscal de Cámara, Fernando López Villagra, busca cerrar un acuerdo de juicio abreviado, ofreciendo una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva para ambos agentes. La querella, representada por los abogados Andrés Demaría y Virginia Mottura, rechaza esta propuesta. Ellos exigen que se desarrolle un juicio oral y público con jurado popular. Demaría manifestó reparos sobre la sanción ofrecida: “Nosotros entendemos que en primer lugar, en el caso de que haya un juicio abreviado, el monto de pena que se ha establecido es muy bajo para la gravedad de los hechos”. Además, indicó que el acuerdo de pena dejaría a la víctima en una situación de “impotencia porque termina siendo una especie de decorado”.
La defensa de Belén sostiene que el debate público es la única manera de discutir el caso de cara a la sociedad, analizando el contexto de presunta violencia institucional que rodea a la familia. Demaría explicó: “Nuestra expectativa es que haya un juicio abierto con jurados populares, que se puede discutir la verdad de lo que sucedió y la calificación legal que le corresponda de cara a la sociedad”.
Las secuelas que padece la víctima tras el hecho
Belén, quien trabajaba como cocinera y ayudante en gastronomía, no ha podido recuperar su rutina. Las secuelas de los disparos, incluyendo una fractura expuesta del cúbito, le generaron una movilidad reducida que la mantiene fuera de actividad.
Respecto al estado de la mujer y la falta de apoyo, Demaría lamentó el desinterés estatal: “Desde que ocurrió esto, nadie, ni siquiera ni del Ministerio de Seguridad, ni de la Policía, ni de ningún área del Estado se ha puesto en contacto, por lo menos para ofrecerle algún tipo de asistencia psicológica o económica”.