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| martes, 14 de julio de 2026
Ricardo Moreno regresó a la escena pública con declaraciones que sacudieron el tablero político de Córdoba. Abordó su silencio ante la Municipalidad respecto a la libertad de Claudio Barrelier, quien es el principal imputado en el femicidio de Agostina Vega.
El letrado, quien presentó su renuncia indeclinable al Concejo Deliberante, justificó su accionar basándose en la ética de su profesión. Según sus palabras, existe una división clara entre su rol como defensor técnico y las responsabilidades administrativas del Estado provincial y municipal.
“A mí me ampara el secreto profesional”, sentenció Moreno al ser consultado sobre su supuesta obligación de informar al municipio acerca del, ahora, imputado, en diálogo con El Doce. El abogado argumentó que su labor técnica le impide actuar como informante de las fuerzas de seguridad o de la propia administración pública.
El letrado señaló que no puede “atender de los dos lados de la barandilla”. Desde su perspectiva, un abogado defensor tiene el mandato constitucional de proteger a su cliente y no debe transformarse bajo ninguna circunstancia en un policía estatal.
“No era yo el encargado de avisar”, disparó Moreno, trasladando la responsabilidad a otras áreas que, según él, fallaron en sus mecanismos de supervisión. Para el abogado, el sistema judicial y administrativo cuenta con sus propios canales de alerta.
Para el exconcejal, la Municipalidad de Córdoba debería haber detectado la situación de Barrelier por sus propios medios. “Tendrían que haberse dado cuenta que un tipo faltó 20 días al trabajo”, cuestionó Moreno en referencia a los organismos de control del municipio.
Sostuvo que, si un empleado no asiste a sus funciones, la administración debe proceder a su sustitución de manera inmediata. Moreno recordó que el propio intendente reconoció públicamente que los sistemas de control internos fallaron al no detectar la ausencia del agente.
Además, aclaró que la libertad de Barrelier en 2025 fue una decisión judicial ajustada a derecho. Explicó que el delito era excarcelable y que, en ese momento, el acusado carecía de antecedentes penales y no presentaba peligrosidad procesal.
Otro punto de fricción aclarado fue la fianza de 5 millones de pesos impuesta para la liberación de su excliente. Moreno desmintió que se tratara de dinero en efectivo, aclarando que fue una caución juratoria respaldada por la firma de profesionales.
“Es la garantía que le ponen los abogados litigantes al preso para que el fiscal permita el recupero de la libertad”, explicó. Según Moreno, este es un procedimiento estándar en el derecho penal cordobés cuando no existen riesgos de fuga detectados por el magistrado.
Finalmente, reafirmó que su renuncia al cargo de concejal fue una decisión personal para proteger su honor. Aseguró que su prestigio profesional de 40 años fue usado como un “martillo” político para desgastar la gestión del gobernador y el intendente.
Redacción Vía Córdoba