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| martes, 23 de junio de 2026
"Es absolutamente injustificable", dijo el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, sobre la permanencia de Claudio Barrelier dentro de la estructura de la Municipalidad de Córdoba.
A 30 días del femicidio de Agostina Vega, el mandatario contó que el imputado figuraba como presente en su puesto de trabajo mientras estaba detenido en la cárcel de Bouwer.
Barrelier, principal imputado por el femicidio, cumplía funciones como becario en la Escuela de Tránsito de la Municipalidad. Passerini confirmó que el hombre estuvo preso 20 días en mayo de 2025 por el secuestro de otra mujer, pero su legajo no registró novedades y continuó percibiendo sus haberes de manera normal.
Ante lo que consideró una “irregularidad manifiesta”, el intendente solicitó la renuncia indeclinable de los tres funcionarios a cargo del área de tránsito. Según explicó, las planillas de control mensual fueron firmadas por estos responsables como si Barrelier hubiera cumplido sus tareas habituales.
“Tomamos conocimiento el día de la detención escuchando la noticia en la radio”, admitió Passerini sobre la situación del empleado, en diálogo con El Doce.
Inmediatamente, el municipio dispuso su separación del cargo y envió el legajo completo al fiscal Raúl Garzón, quien lidera la investigación por el femicidio de la adolescente de 14 años.
La investigación interna detectó que, aunque Barrelier presentó un certificado de antecedentes limpio en noviembre de 2024, existía un proceso previo por privación ilegítima de la libertad. El intendente lamentó que el Poder Judicial nunca notificara a la Municipalidad sobre la situación procesal del agente.
Passerini vinculó estas irregularidades con una "estructura de poder oscuro" que, según su visión, se instaló en el municipio entre 2003 y 2007. Afirmó que su gestión ya concretó 119 exoneraciones de empleados y funcionarios por pedidos de coima y connivencia con actividades ilícitas.
En este contexto de “limpieza”, el mandatario denunció graves presiones contra los organismos de control. Reveló que al presidente del Ente de Fiscalización, Ezequiel Ormache, le colocaron dos balas arriba de su escritorio tras avanzar en clausuras de boliches y locales irregulares.
“Estoy convencido de que es mi responsabilidad terminar con toda la mugre que hay en la Municipalidad”, sentenció el jefe comunal. Passerini enfatizó que no permitirá que “empleados deshonestos” sigan amparando negocios turbios en la nocturnidad cordobesa.
Para intentar revertir la crisis institucional, el municipio lanzó una unidad especial que revisará 7.000 habilitaciones comerciales en un plazo de 90 días. El foco estará puesto en quioscos y boliches que operan de manera ilegal después de las 22:00 horas.
Asimismo, se ratificó la obligatoriedad del narcotest para todos los funcionarios cada seis meses. Passerini, de profesión médico, sostuvo que un servidor público no puede tener vínculos con el consumo ni con las redes que comercializan sustancias en los barrios.
Finalmente, el intendente se mostró a favor de que el fiscal Iván Rodríguez se someta a un jury de enjuiciamiento. La acusación apunta a que el funcionario judicial habría “dormido” expedientes previos de Barrelier, permitiendo que el ahora femicida permaneciera en libertad.
Redacción Vía Córdoba