La Justicia de Córdoba inició una investigación para determinar las circunstancias en las que una mujer de barrio Pueyrredón resultó herida por disparos de arma de fuego durante un procedimiento policial. El episodio ocurrió a principios de febrero e involucró a efectivos del grupo de élite Eter.

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El incidente se desencadenó tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer alterada en su vivienda. Al arribar el personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), constataron que la vecina, quien presuntamente había ingerido pastillas, esgrimía un cuchillo tipo carnicero y amenazaba a sus familiares y a sí misma. Ante la peligrosidad de la situación, se convocó al cuerpo Duar de Bomberos y al grupo Eter.
A pesar de la intervención de un negociador policial, el diálogo no prosperó. Según fuentes oficiales, se intentó reducir a la mujer mediante el uso de postas de gas pimienta, pero el método resultó ineficaz debido al estado de crisis de la persona. En ese contexto de alta tensión, un sargento del Eter efectuó dos disparos con su arma reglamentaria de 9 milímetros.
Estado de salud e intervención de la Fiscalía
La mujer recibió impactos en el abdomen y en una pierna, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque. Según los últimos reportes médicos, su pronóstico era reservado.
La fiscal Silvana Fernández, a cargo del caso, ordenó el secuestro de las armas y uniformes de todos los uniformados presentes, además del análisis de las filmaciones de las cámaras personales (bodycams) de los efectivos. Días más tarde, el sargento que disparó fue detenido, acusado del delito de lesiones graves calificadas y agravadas por el uso de arma de fuego.
Debate sobre los protocolos de salud mental
Desde la fuerza policial indicaron a La Voz que los procedimientos relacionados con crisis de salud mental se han cuadriplicado en la provincia. Aunque el protocolo habilita ciertas acciones ante amenazas inminentes, trascendió que al momento del hecho los efectivos no contaban con pistolas Taser, una herramienta diseñada precisamente para estas situaciones.

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Este caso se suma a antecedentes críticos en Córdoba, como los fallecimientos de Jonatan Romo en 2022 y Guillermo Bustamante en 2025 durante operativos de reducción, hechos que derivaron en procesos judiciales contra varios agentes por homicidio. La investigación actual busca determinar si el uso de fuerza letal fue justificado o si existió un exceso en el cumplimiento del deber.
