La historia oculta de Wachitas Bar: clausuras, fallas y el nexo con el caso Agostina Vega
Tras la revocación definitiva de su habilitación, surge el esquema de una red de barrio Cabildo.


La Municipalidad de Córdoba decidió revocar de forma definitiva la habilitación de Wachitas Bar, ubicado en la calle Ituzaingó 521 de barrio Nueva Córdoba. La medida se tomó tras una serie de irregularidades administrativas y edilicias que salieron a la luz a raíz del femicidio de la adolescente Agostina Vega.

Según un informe al que accedió La Voz, detrás del negocio, un clan familiar de barrio Cabildo utilizaba una estructura de "garantes" y prestanombres para evadir controles. Esto lo habría hecho a pesar de las constantes denuncias por ruidos molestos y falta de seguridad.
Wachitas Bar era gestionado por una red de vínculos familiares oriunda de la zona sur de la ciudad. Aunque la cara visible era Nicole W., una joven de 22 años con nula actividad económica declarada, los contratos de alquiler revelan una lista de nombres que se turnó para solicitar habilitaciones municipales en la última década.

Según documentos, la propiedad pertenece a la familia Huespe, pero los inquilinos y garantes forman un grupo cerrado. Entre los nombres que se repiten figuran Federico M., el primero en pedir el certificado en 2016, y Luis Alberto M., otro garante que solicitó habilitaciones en 2019.
Un dato alarmante es que los principales responsables masculinos no poseen ingresos registrados "en blanco". No obstante, Federico registra movimientos bancarios por unos 11 millones de pesos mensuales, mientras que Luis opera con montos de 5,7 millones de pesos, a pesar de carecer de una actividad formal.

Esta falta de transparencia financiera llevó a concejales de la oposición a sospechar que el local podría haber funcionado como "pantalla" para otras actividades.
El historial de Wachitas es una sucesión de clausuras y emplazamientos. Desde febrero de 2024, el bar recibió actas por deficiencias críticas: falta de tratamiento ignífugo en suelos, tableros eléctricos precarios, escaleras en mal estado y problemas de higiene profunda.
A pesar de esto, el local lograba reabrir sus puertas mediante inspecciones que, sugestivamente, daban por cumplimentados los requisitos apenas meses después de las fallas.

El caso tomó un giro oscuro cuando se confirmó que Soledad Andreani, ex pareja de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, trabajaba en el bar. Andreani, actualmente detenida por encubrimiento agravado, era quien recibía y firmaba las actas de inspección municipal en el local.
La oposición en el Concejo Deliberante calificó la situación como una "falla sistémica". La concejal Elisa Caffaratti señaló como un "absurdo administrativo" que el 2 de junio de 2026 el municipio emitiera una habilitación definitiva y, apenas dos horas después, procediera a la clausura preventiva por riesgos de seguridad.

Por su parte, la concejal Graciela Villata subrayó ante La Voz que "la Municipalidad clausura cuando ya es tarde", sugiriendo que estos locales operan bajo una desprotección absoluta para los vecinos y la comunidad.