Liberó a Claudio Barrelier y aún no asume su nuevo cargo: evalúan un jury contra el fiscal
Se investiga su responsabilidad al otorgar la libertad al principal sospechoso en una causa previa.
Redacción Vía Córdoba
15 de junio de 2026, 13:38
A casi un mes del crimen que conmocionó a la provincia de Córdoba, el panorama para el fiscal Iván Rodríguez se habría tornado crítico tras el femicidio de Agostina Vega. Aunque su nombramiento para el cargo de Procurador Penitenciario Adjunto fue aprobado por la Legislatura el 30 de diciembre de 2025, su asunción quedó en suspenso.
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La razón principal es la evaluación de un jury de enjuiciamiento motivado por su desempeño en causas vinculadas a Claudio Barrelier, el hombre señalado como autor del femicidio de la adolescente.
Antecedentes y cuestionamientos al fiscal Iván Rodríguez
El eje de la polémica radica en una decisión tomada en mayo de 2025. En aquel entonces, Rodríguez otorgó la libertad bajo fianza a Barrelier, quien se encontraba imputado por privación ilegítima de la libertad.
El acusado permaneció detenido apenas 20 días hasta que el pago de una caución le permitió recuperar su libertad, beneficio que hoy es visto bajo una nueva luz tras el trágico desenlace de Agostina.
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Además de esta liberación, el fiscal enfrenta duras críticas por la falta de avances en la investigación de ese expediente previo. Según trascendió, la denunciante de aquella causa manifestó públicamente que la instrucción "no registró avances significativos durante más de un año".
El avance del jury de enjuiciamiento en Córdoba
Frente a la gravedad de los hechos, la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba analiza tres pedidos formales para que Rodríguez sea sometido a un proceso de destitución.
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La situación no solo afecta a Rodríguez; legisladores de la oposición confirmaron a Agencia Noticias Argentinas que también se solicitó el juicio político para el fiscal Raúl Garzón.
Los motivos esgrimidos en las presentaciones contra ambos funcionarios judiciales incluirían: negligencia grave en el ejercicio de sus funciones; mal desempeño en la instrucción de causas sensibles; morosidad o demoras injustificadas en el tratamiento de expedientes que involucraban a sujetos peligrosos.