Habilitaciones falsas de Bomberos en Córdoba: 9 condenados y penas de hasta 6 años
Las penas incluyen prisión efectiva, inhabilitaciones y decomiso de bienes, mientras que uno de los imputados deberá afrontar un juicio oral.
Redacción Vía CórdobaLa causa por las habilitaciones falsas para comercios en Córdoba sumó un avance clave, ya que 9 de los 10 acusados que llegaron a esta instancia aceptaron acuerdos de juicio abreviado y reconocieron su responsabilidad penal en las maniobras investigadas. Entre las penas acordadas, se destacan condenas de prisión efectiva de hasta seis años y dos meses, además de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y otras sanciones.
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Uno de los principales condenados es el exjefe de Bomberos, exsubjefe de la Policía de Córdoba y exdirector de Defensa Civil municipal, Gustavo Folli Pedetta, quien acordó una pena de seis años y dos meses de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y de seguridad.
El acuerdo se alcanzó este martes 13 de octubre ante el fiscal de Cámara Marcelo Hidalgo y deberá ser homologado por la Cámara Tercera del Crimen para quedar firme.
La investigación, que tomó estado público en 2023, apunta a una presunta estructura ilícita que habría funcionado dentro del cuerpo de Bomberos para emitir certificados apócrifos destinados a habilitar locales comerciales y obtener beneficios económicos.
Habilitaciones truchas: las penas acordadas y el acusado que irá a juicio oral
De los diez imputados que llegaron a esta instancia, nueve aceptaron los acuerdos abreviados. Entre ellos, el exjefe de Bomberos Sergio Sosa acordó seis años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
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Por su parte, Roque Olmedo, empleado de la firma Cyre SA, recibió una pena acordada de tres años de prisión condicional y siete años de inhabilitación comercial.
También se establecieron penas de ejecución condicional para los gestores Mario García y Félix Calama, el exchofer policial José Gorocito, la expolicía Mónica Barrionuevo, el empresario de boliches Marcos Gennaro y el dueño de un centro deportivo Miguel Amil. Según la información del caso, los ofrecimientos económicos presentados por Gennaro y Amil fueron rechazados.
El único imputado que no aceptó la propuesta fiscal fue el policía Julio Zárate, para quien se había solicitado una pena de seis años y medio de prisión. Por ese motivo, deberá afrontar un juicio oral.
Decomiso de bienes y posibles activos en el extranjero
La investigación reunió pruebas documentales y testimoniales, con la presentación de alrededor de 150 testigos. El decomiso de bienes vinculados con los hechos investigados también forma parte de los acuerdos alcanzados.
En declaraciones a El Doce, el fiscal de Cámara Marcelo Hidalgo explicó que nueve de los diez acusados sometidos a proceso suscribieron acuerdos de juicio abreviado.
Sobre las medidas patrimoniales, señaló que los bienes considerados producto o provecho de los delitos, o aquellos que habrían servido para cometerlos, están sujetos a decomiso.
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Además, las autoridades solicitaron colaboración mediante los mecanismos de cooperación del Mercosur ante la posibilidad de que existan bienes vinculados con la causa en el extranjero.
Los antecedentes de la causa por habilitaciones falsas
El avance de octubre se suma a las primeras condenas dictadas en junio, cuando otros tres imputados admitieron los hechos mediante acuerdos abreviados y recibieron penas de prisión condicional.
Con los nuevos acuerdos, la causa se encamina a una etapa decisiva. Sin embargo, todavía resta la homologación judicial de las penas pactadas y el juicio oral para el único acusado que rechazó el procedimiento abreviado.
