Qué es el grooming y por qué habría funcionarios involucrados en Córdoba
Cómo funciona este delito y qué se investiga en el norte provincial.
Redacción Vía CórdobaLa investigación por presuntos abusos sexuales contra adolescentes en Villa de María de Río Seco sumó una derivación política que generó preocupación en Córdoba. En este sentido, uno de los 11 hombres imputados había figurado como asesor de un legislador de la Unicameral.
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La causa, que comenzó a partir de la desaparición de una adolescente y derivó en una investigación sobre una presunta trama de captación y abuso de menores, está a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede.
En paralelo al avance del expediente judicial, el caso abrió un debate sobre el control de los antecedentes de quienes trabajan para el Estado provincial y sobre los mecanismos utilizados para prevenir que personas investigadas por delitos graves puedan acceder a cargos públicos.
¿Qué es el grooming?
El grooming, también conocido como acoso sexual virtual, es un delito incorporado al Código Penal argentino a través de la Ley 26.904. Consiste en el contacto de una persona adulta con un menor de edad a través de medios digitales (como redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos o plataformas online) con la intención de cometer un delito contra su integridad sexual.
La modalidad puede incluir distintas estrategias de manipulación: generar un vínculo de confianza, engañar a la víctima sobre la identidad del adulto, solicitar imágenes o videos íntimos o intentar concretar un encuentro presencial.
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El fenómeno representa uno de los principales riesgos vinculados al uso de Internet por parte de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con Grooming Argentina, una parte importante de la población todavía desconoce en qué consiste este delito, lo que dificulta su prevención y detección temprana.
La causa por abuso que llegó a la Legislatura
El expediente que investiga la fiscal Cepede tiene como eje una serie de presuntos abusos sexuales contra adolescentes de 13 y 14 años en Villa de María de Río Seco.
Según la investigación, el contacto entre algunos de los adultos imputados y las menores se habría producido mediante mecanismos de acoso y captación a través de entornos digitales, aunque la Justicia continúa reconstruyendo el rol que habría tenido cada uno de los acusados.
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Entre los 11 imputados se encuentra José Aníbal Ricardo Villarreal, cuya situación procesal generó una fuerte repercusión política luego de que se conociera que había figurado como asesor legislativo.
Villarreal aparecía en la nómina oficial correspondiente a mayo de 2026 como asesor del legislador oficialista Ramón Ernesto Flores. Desde el entorno del parlamentario señalaron a La Voz que el vínculo laboral había finalizado antes de que trascendiera la denuncia.
El dato, sin embargo, puso bajo la lupa los mecanismos utilizados para incorporar personal a la Legislatura y los controles previos sobre quienes cumplen funciones en los despachos.
Grooming: qué dijo el Gobierno de Córdoba
La situación generó repercusiones en el Ejecutivo provincial. El gobernador Martín Llaryora calificó el caso como “un hecho tremendo” y sostuvo que la investigación debe avanzar hasta determinar todas las responsabilidades.
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Al mismo tiempo, desde el oficialismo remarcaron que la administración del personal de la Legislatura corresponde al propio Poder Legislativo, por lo que el Ejecutivo no interviene directamente en la contratación de asesores parlamentarios.
Nuevos controles para los asesores de la Unicameral
El escándalo derivó además en cambios en los mecanismos de control de quienes trabajan en la Legislatura. A partir de ahora, la Secretaría Administrativa incorporará nuevas exigencias para la contratación de personal. Además del certificado nacional de reincidencia, se solicitará el certificado de antecedentes de la Policía de Córdoba.
La medida alcanza a los asesores y trabajadores que integran la estructura de la Unicameral, que cuenta con alrededor de 1.055 personas vinculadas a los distintos despachos y áreas legislativas. El objetivo es reforzar los controles y detectar eventuales antecedentes que puedan representar un riesgo antes de concretar una contratación.
Grooming: el reclamo de la oposición
El caso también generó críticas desde los bloques opositores, que reclamaron mayor transparencia en la información vinculada con los asesores legislativos.
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Legisladores como Oscar Agost Carreño y Gerardo Grosso plantearon la necesidad de profundizar los controles sobre el personal de la Unicameral y reclamaron que la información sobre contrataciones pueda ser consultada de manera pública y actualizada.
Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando en el norte cordobés. La fiscalía busca determinar cómo se producía la captación de las menores, qué participación tuvo cada uno de los imputados y si existen otras posibles víctimas.
