Confirmaron que un abuso en Villa María de Río Seco ocurrió en un predio de un legislador

La fiscal Analía Cepede confirmó este viernes 14 de agosto un dato estremecedor en la causa por grooming y abuso sexual en Villa de María del Río Seco. Uno de los ataques perpetrados por el exasesor legislativo José Aníbal Ricardo Villarreal ocurrió en un predio rural propiedad del legislador Ernesto Ramón Flores.

La revelación surgió luego de las últimas indagatorias y allanamientos que elevaron a 11 la cifra de detenidos en el norte provincial. Villarreal, quien se desempeñaba como asistente territorial del parlamentario oficialista, habría aprovechado su acceso al lugar para concretar los delitos contra menores de entre 13 y 14 años.

La posición del legislador

Pese a la gravedad del hallazgo, la fiscal Cepede desvinculó penalmente al dueño de la propiedad. Según explicó la funcionaria a El Doce, no existen pruebas que indiquen que el legislador Flores estuviera al tanto de que uno de los abusos ocurrió en su propiedad.

“Está acreditado que Villarreal utilizaba lugares de otras personas sin autorización”, señaló Cepede, según consignó La Voz. La magistrada aclaró que el legislador no tiene vinculación con los hechos de abuso, ya que el asesor habría actuado por cuenta propia utilizando su confianza para acceder al predio.

Flores ya había admitido el vínculo laboral con el imputado como personal del bloque Hacemos Unidos por Córdoba. Tras conocerse la detención de quien fuera su colaborador en el departamento Río Seco, solicitó la baja inmediata de su contrato y se puso a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación.

Una red doméstica de horror

La investigación determinó que no se trata de una organización de trata de personas a gran escala. Cepede describió el accionar como una trama “doméstica” donde los acusados, en su mayoría remiseros locales, compartían información y "pasaban el dato" sobre las menores vulnerables.

El nivel de desprotección de las víctimas es absoluto. Los abusos se concretaban a cambio de sumas mínimas o incluso alimentos, como sándwiches y gaseosas. Este contexto de pobreza extrema facilitó el accionar de los agresores en una comunidad donde todos se conocen.

Nuevos frentes de investigación

Además del uso del campo, la Justicia indaga la colocación de implantes anticonceptivos a otras víctimas. Las niñas tenían los dispositivos desde los 11 años, lo que activó una investigación sobre la “responsabilidad funcional” del hospital local y el entorno familiar.

Actualmente, los 11 detenidos se encuentran alojados en el complejo penitenciario de Cruz del Eje. Se espera que las pericias telefónicas arrojen más luz sobre la trama y no se descartan nuevas capturas en el norte cordobés mientras avanza la asistencia integral a las víctimas.